¿Ninguna crisis es como las anteriores?, de Emiliano Fernández de Pinedo en El País

31-7-2012

No es posible ni razonable recurrir al proteccionismo; tampoco practicar devaluaciones competitivas. Solo queda emigrar —ya lo hacen algunos— e incrementar la productividad, invirtiendo en investigación y en formación
 
A lo largo de la guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865) la industria textil catalana tuvo serios problemas para abastecerse de algodón en rama. La escasez de materia prima provocó la paralización de muchas empresas. El cónsul británico en Barcelona relataba que los obreros sin trabajo eran empleados por los ayuntamientos o por las autoridades civiles en obras municipales. Grandes cantidades de dinero público, señalaba, se habían gastado juiciosamente. Algo parecido había sucedido en el pasado cuando por razones climatológicas tenía lugar una mala cosecha de cereales.

No parece que los ediles de aquellos tiempos tuvieran demasiada idea de modelos económicos. Sencillamente, bien por caridad, bien por temor a motines populares, recurrían a incrementar el gasto público, incluso endeudándose, con lo que buscaban paliar las consecuencias negativas de la crisis.
Sin duda no de otra forma actuó Franklin D. Roosevelt tras ganar las elecciones en 1933. Cuando los parados se contaban por millones y las coberturas sociales eran casi nulas, los políticos, y mucho menos los políticos de regímenes democráticos, no podían quedarse de brazos cruzados. Tenían que hacer algo, en muchos casos utilizando el método de ensayo-error.

Nunca tendremos la certeza de que fuesen las decisiones de Roosevelt, aplaudidas por Keynes, las que sacaron a Estados Unidos. de la depresión de los años treinta ya que en 1937 se inició otra caída. Algunas de esas medidas adoptadas son poco o nada recordadas, como la devaluación del dólar en torno a un 40% o el cierre de muchos bancos, o el seguro de desempleo. La política económica hitleriana logró reducir el paro en Alemania en 1934 al nivel de 1928, merced a la autarquía y a la expansión del crédito, pero esa política económica tuvo no pequeña responsabilidad en el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El keynesianismo, como public spending, frente al ortodoxo equilibrio presupuestario prebélico, se popularizó tras la Segunda Guerra Mundial. Pero las décadas en las que se aplicó, grosso modo hasta la recesión de los años 70, fueron muy peculiares. Una parte considerable de la población activa desapareció a causa de la contienda. La brutal elevación de la mortalidad se distribuyó a lo largo de la pirámide de población de forma sesgada. Aunque no hay estudios globales, es muy probable que la mortalidad masculina fuese mayor cuanto menor fuera la cualificación. El esfuerzo bélico en la retaguardia y las argucias alejaron del frente a los especialistas, de picadores de mina a fabricantes de cohetes. Al acabar el conflicto, técnicas e instrumentos vinculados a la guerra —motor a reacción, antibióticos…— se aplicaron a las actividades civiles. Mano de obra muy cualificada, avance técnico, capitales americanos y, todo hay que decirlo, otro modelo de organización social, económica y política al Este, hicieron de los años cincuenta, sesenta e inicios de los setenta una época excepcional en Occidente. La relativa penuria de mano de obra poco cualificada se obtuvo de los países del Sur. Esta etapa acabó hacia mediados de los años setenta. Cuando la coyuntura económica cambió y los gobiernos intentaron reactivar el sistema inyectando capital público se produjo lo que se dio en llamar la estanflación, estancamiento más inflación. Si el incremento del gasto público, endeudándose, hubiera cambiado la tendencia, el llamado neoliberalismo, bien lejano del liberalismo decimonónico, no se hubiera impuesto. Sobre las decisiones y opiniones de los políticos y economistas de los años treinta influía la hiperinflación alemana de los años 1921-1923, de efectos sociales tan devastadores y la mayoría era partidaria de equilibrios presupuestarios y estabilidad monetaria. De forma parecida los temores a una estanflación e intereses nacionales concretos inclinan la balanza hacia el rigor presupuestario y la austeridad ahora.

Ninguna crisis es como la anterior, pero suelen tener ciertas semejanzas. El actual estado de la economía española tiene parecidos con la crisis ferroviaria y bancaria de 1866 y con la depresión de 1890-1896. Una mezcla de ambas.

A mediados del siglo XIX Francia disponía de una capacidad de ahorro por encima de las posibilidades de inversión en su propio país. España fue uno de los países que atrajeron una parte relevante de los capitales galos dedicados a construir caminos de hierro. Se partía de la hipótesis de que una vez montada una red ferroviaria, España se convertiría en un gran exportador de cereales, proporcionando carga y pasajeros. Para financiarla se constituyeron bancos de negocios, amparados en la ley de 28 de enero de 1856. Estos fueron los que canalizaron el ahorro exterior y nacional. El tendido se llevó a cabo con gran rapidez; en diez años unos 6.000 kilómetros. La inmensa mayoría con material importado, libre de derechos aduaneros. Pero cuando los diversos ramales estuvieron interconectados se comprobó que la escasa afluencia de viajeros y de mercancías no hacían rentables las líneas de ferrocarril y sus dificultades afectaron a los bancos que les habían financiado. El error de cálculo arrastró a las empresas ferroviarias y a los bancos. Las quiebras fueron numerosas.

La depresión de 1890-1896 tiene otras características, menos coyunturales, más vinculadas a modificaciones en la economía mundial. Los innovadores de los países avanzados tienden a ampliar sus mercados exportando tecnología a países que no son capaces de producirla, pero si de aplicarla, y en donde su uso puede resultar muy rentable. Estados Unidos y Argentina son dos ejemplos extraeuropeos en donde el ferrocarril, una innovación europea, permitió poner en cultivo enormes extensiones de tierra antes inutilizadas o usadas de forma extensiva, merced al abaratamiento del coste de transporte. La llegada masiva de cereales americanos a Europa provocó una caída de sus precios, dando lugar a una recesión (1890-1896). En España este proceso se vio agravado por la progresiva destrucción del viñedo por la filoxera. Era probablemente la primera vez o casi, que un proceso de globalización tenía consecuencias negativas para ciertos sectores sociales y económicos del viejo continente.

La actual crisis en parte recuerda a la ferroviaria y bancaria de 1866 y en parte a la depresión de 1890-1896. Ciertos países tienen una balanza de comercio excedentaria y una elevada capacidad de ahorro. Para sacar rentabilidad a sus capitales han prestado a terceros de diferentes formas, terceros que han invertido y gastado en negocios no muy solventes, asumiendo grandes riesgos. Sin olvidar que también han generado una importante demanda de bienes y servicios a empresas de los países de donde procedían los préstamos. Cuando se evidencia que los deudores van a tener dificultades para devolver lo prestado surge la crisis. Antes, bajo el liberalismo, esta se llevaba por delante a parte del sistema bancario; ahora implica también al Estado a través de sus intentos por evitar la quiebra de parte del sector financiero nacional. Pero además de sufrir este tipo de crisis, algunos países europeos padecen graves dificultades vinculadas a la globalización, es decir, al uso de nuevas tecnologías en países, antes con tierras abundantes, ahora con mano de obra barata, que son capaces de producir a costes inferiores. A partir de los años cincuenta del siglo pasado la deslocalización de parte de la industria del automóvil europea y estadounidense —Citröen, Renault, Simca, Ford…— benefició a países, como España, con mano de obra barata y capaz de asimilar las nuevas tecnologías.


Obviamente, este proceso se ha extendido a otras partes del globo. Dado que no es posible ni razonable recurrir al proteccionismo, ni practicar devaluaciones competitivas solo parece que queda emigrar, lo que ya está haciendo una pequeña parte de la mano de obra cualificada, e incrementar la productividad, invirtiendo en investigación y en formación, pero también adelgazar aquellos sectores que poco o nada contribuyen al crecimiento económico, cuando no lo dificultan. No es solo un problema de capitales, desafortunadamente. Absorber el paro y recuperar la productividad resultará largo y duro, entre otros motivos porque no pocos de los problemas actuales no son solo económicos.

Emiliano Fernández de Pinedo es catedrático de Historia Económica de la UPV-EHU.

El largo siglo XVII

TRIBUNA: Las grandes crisis de la economía española

JOSÉ ANTONIO SEBASTIÁN EL PAÍS 15/01/2012

La rendición de Breda, de Velázquez, reproduce un episodio clave en la larga guerra para impedir la independencia de los Países Bajos

La Guerra de los Treinta Años sumió a Europa en una época de dificultades. En España, la recesión fue más intensa y la recuperación, más lenta. La costosa política imperial y los desajustes regionales en el crecimiento fueron básicos. Castilla se abocó a la depresión, mientras las regiones costeras se rezagaban en la explosión mercantil del litoral europeo.

Las posibilidades de que España, en la Edad Moderna, se situase en el grupo de cabeza del desarrollo económico europeo eran escasas. En un mundo donde el sector agrario aportaba el grueso del PIB, carecía por razones medioambientales (clima, orografía, calidad del suelo, vías marítimas y fluviales) de recursos óptimos para ello. Pero las restricciones naturales no explican que el país, como sucedió, estuviese lejos de aprovechar entre 1450 y 1800 el potencial de crecimiento que aquellas permitían. Dos circunstancias históricas tienen, al respecto, gran relevancia: una, los desajustes que se operaron, principalmente, entre las economías del interior peninsular y del litoral mediterráneo durante largos periodos de los siglos modernos; dos, la duración e intensidad de la recesión que devastó las regiones del interior, las más pobladas y urbanizadas a finales del siglo XVI, entre 1580 y 1650, y la extrema lentitud de la recuperación posterior, que solo culminó avanzado el siglo XVIII.

Se pasó de 37 a 22 ciudades. El interior tardó 170 años en recuperarse

La manipulación de la moneda de vellón para lograr recursos elevó la desconfianza

La deuda, que llegó al 60% del PIB con Felipe II, creció hasta la Paz de los Pirineos

Los Austrias se apoyaron en nobles y oligarcas, relegando al mundo urbano

Ambas apuntan a un largo siglo XVII, durante el cual la economía española se alejó del núcleo de Europa occidental. Hacia 1700, el escuálido aumento del tamaño demográfico y productivo de España había defraudado las perspectivas existentes en 1500 para una renovada colonización agraria de su superficie, tan vasta como poco poblada. Pese a sus dispares dotaciones de recursos, los resultados eran otros en los cuatro territorios que, junto al peninsular, registraban (exceptuada Escandinavia) las menores densidades demográficas del occidente europeo a comienzos del siglo XVI, Inglaterra y Escocia, Irlanda, Suiza y Portugal: de 1500 a 1700 estos pasaron, en promedio, de 12 a 25 habitantes por kilómetro cuadrado; España, de 11 a 15. Y al inicio del siglo XVIII, además, la posesión de inmensas colonias en América no podía compensar la desventaja que implicaba esa baja densidad demográfica (y económica). Ingleses, franceses y holandeses habían ido obstruyendo, durante el siglo XVII, el acceso a las producciones y los mercados americanos, al compás de la decadencia política y militar de la Monarquía hispánica.

La primera mitad del siglo XVII fue una época de dificultades en Europa pero, desde 1650, superado el peor periodo, coincidente con la Guerra de los Treinta Años, la recuperación se extendió y se consolidó. Arraigó entonces un proceso de concentración de la actividad económica y la urbanización en las zonas costeras. Este, impulsado por el progreso de la construcción naval, el desarrollo manufacturero y mercantil noroccidental y el incremento del comercio atlántico, convirtió a los litorales en los espacios más dinámicos de la economía europea.

En España, la intensidad de la recesión fue mayor en la primera mitad del siglo XVII y la recuperación posterior, con notables contrastes regionales, más tardía y dificultosa, lo que le impidió estar en primera línea del avance del componente marítimo de la economía occidental.

Las cifras de bautismos (ver gráfico 1) revelan que la población se redujo en todos los espacios peninsulares en algún momento del siglo XVII, pero con grandes diferencias. En el norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra), aunque la caída fue significativa de 1610 a 1630, el nivel inicial se recobró pronto y el aumento posterior supuso un crecimiento del 25% sobre aquel hacia 1700. En el área mediterránea (Cataluña, Valencia y Murcia), un descenso algo más suave y una recuperación más vigorosa propiciaron, en 1700-1709, un índice un 26% mayor que el de base.

Andalucía occidental arroja un primer contraste: tras siete decenios de estancamiento más que de declive demográfico, la posterior recuperación amplió el nivel de base un 18% hacia 1700, pero solo un 15% respecto de 1580-1589. Es el interior peninsular (Castilla y León, La Rioja, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) el que muestra diferencias más rotundas: una contracción demográfica más temprana, duradera e intensa, seguida de una recuperación mucho más lenta; el índice 100 no se recobró hasta 1720-1729, y los niveles máximos de 1580-1589 solo se rebasaron 170 años después, en 1750-1759.

La difusión del maíz en las regiones cantábricas y la de diversos cultivos comerciales en las del Levante ayudan a explicar que ambos litorales viesen crecer sus poblaciones desde 1660-1670, alza que se aceleró en las zonas mediterráneas tras la Guerra de Sucesión. Pero tales progresos tardarían mucho tiempo en compensar el desplome económico y humano del interior. La revolución agronómica que conoció el litoral septentrional no se tradujo, durante décadas, en un vigoroso proceso de urbanización y diversificación de actividades productivas.

En cuanto al litoral mediterráneo, el desencuentro era más antiguo. Entre 1480 y 1580, el periodo de auge de la corona castellana, Cataluña registró una tardía salida de la crisis bajomedieval y una modesta recuperación poblacional (en 1591, tenía 11 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad demográfica del conjunto de España en 1500), el Reino de Murcia siguió estando muy poco poblado, y el de Valencia, aunque creció más en el siglo XVI, afrontó en 1609 la sangría demográfica de la expulsión de los moriscos, el 27% de su población.

Este desencuentro, durante el siglo XVI, seguramente supuso la pérdida de notables sinergias entre el interior castellano y las áreas levantinas. En la primera mitad del XVII, el desplome de aquel y el escaso vigor de estas contribuyeron a un sensible retroceso demográfico en el momento de arranque de la economía marítima europea. Después de 1650, cuando el litoral mediterráneo pasó a ser el espacio peninsular con mayor potencial de crecimiento, las regiones del interior siguieron sumidas en una recuperación desesperantemente lenta. Y el modo pausado con que el propio Levante fue ganando peso específico, al menos hasta 1720, hizo que los efectos de arrastre en el conjunto de la economía española tardaran en adquirir fortaleza.
Las sinergias perdidas por tales desajustes en el largo plazo constituyeron un relevante factor adverso para el crecimiento económico de la España moderna. Entrado el siglo XVIII, estas disparidades acabaron propiciando un vuelco trascendental en la distribución de la población y de la actividad económica, a favor de las áreas costeras y en contra del interior, vigente desde entonces.

La trayectoria productiva de la Corona de Castilla, salvo en su franja húmeda del norte, fue muy negativa entre 1580 y 1700. Los diezmos de los arzobispados de Toledo y Sevilla (ver gráfico 2), que abarcaban la mayoría de la Submeseta Sur y de la Andalucía Bética, quizá las regiones más castigadas, revelan una intensa contracción del producto cerealista entre 1580 y 1610, la reanudación de la caída en la década de 1630, su culminación en la de 1680 y una escuálida recuperación, al final, que permitió alcanzar, en 1690-1699, los índices de 1600-1609, un 31% inferiores a los máximos de 1570-1579.

El producto agrícola no cerealista (vino y aceite, básicamente) registró un descenso aún más abrupto, sobre todo entre los decenios de 1620 y 1680, situándose en el de 1690 un 45% por debajo del de 1570. En cuanto a la evolución del producto no agrario, la aguda crisis urbana que sufrió la corona sugiere un desplome de las manufacturas y del comercio. Entre 1591 y 1700, la tasa de urbanización se contrajo una cuarta parte, y las ciudades castellanas con 10.000 o más habitantes pasaron de 31 a 18 (de 37 a 22 en el conjunto de España). Además, el peso relativo de los activos agrarios aumentó mucho en las urbes de ambas Castillas, Andalucía y Extremadura, lo que implica que la contracción de las actividades económicas típicas de las ciudades fue mayor que el propio descenso de la población urbana.

Las dañinas consecuencias de la costosísima y prolongada política imperial de la Monarquía constituyen, seguramente, el factor que más contribuyó al desplome económico castellano del largo siglo XVII. Aquellas fueron ubicuas, económicas, políticas y sociales, y actuaron tanto a corto como a largo plazo. Para mantener la hegemonía política y militar en Europa, y defender el patrimonio dinástico, los Austrias acrecentaron sus bases fiscales, elevando tributos y creando otros nuevos, a fin de ampliar su capacidad de endeudamiento.

Por ese camino, Felipe II había acumulado deudas equivalentes, a finales del siglo XVI, al 60% del PIB español, porcentaje que debió de crecer sensiblemente, al descender este y agrandarse aquellas, al menos hasta la Paz de los Pirineos de 1659.

La Corona de Castilla soportó el grueso de una escalada fiscal que, iniciada en el último cuarto del siglo XVI, cuando la economía castellana trasponía su cénit, alcanzó el suyo en 1630-1660, coincidiendo con el fondo de la depresión. Su primer crescendo, en la década de 1570, perturbó el comercio, aumentó la fragilidad de muchas economías campesinas, acosadas por el alza de la renta de la tierra, y empobreció a las clases urbanas, cuyas subsistencias ya venían encareciéndose. Imperturbables, la nobleza y el clero, total o parcialmente exentos de cargas fiscales y partícipes en las rentas reales, siguieron ingresando hasta fin de siglo abultadas rentas territoriales y diezmos, y vendiendo sus frutos a precios crecientes, con lo que se acentuó un intenso proceso de redistribución del ingreso en contra de la mayoría de los castellanos. Cuando las cosechas cayeron abruptamente en las décadas de 1580 y 1590, descenso propiciado por un cambio climático desfavorable que se sintió en toda Europa, las vías hacia la recesión y la contracción demográfica quedaron expeditas.

Desde 1600, los perniciosos efectos de la política imperial se multiplicaron por varios caminos.

- La escalada fiscal dependió de impuestos que gravaban el tráfico comercial y el consumo, recaudados por las autoridades municipales (en 1577, aportaron la mitad de los ingresos tributarios de la Monarquía; en 1666, el 72%). En núcleos pequeños, el recurso a repartimientos, según el número de yuntas o el volumen comercializado por vecino, perjudicó singularmente a los labradores que poseían las explotaciones más productivas y orientadas al mercado. En ciudades y villas, donde las cargas tributarias tendieron a concentrarse, la proliferación de exacciones sobre el consumo, especialmente de vino, aceite y carnes, deprimieron la demanda de tales artículos, ya menguante por el descenso demográfico y la concentración en el pan del gasto en alimentos efectuado por unos consumidores con menos medios. Ello, como muestra el gráfico 2, potenció orientaciones productivas contrarias a las actividades agrícolas y ganaderas más productivas, rentables y mercantilizadas, favoreciendo el cultivo de cereales, que ganó peso relativo, y el autoconsumo. Las manufacturas urbanas, por su parte, con su demanda deprimida por el desplome de las ciudades y el empobrecimiento de sus habitantes, afrontaron, al encarecerse numerosos productos básicos, la consiguiente tendencia al alza de los salarios.

- La Monarquía presionó a las haciendas municipales imponiendo donativos y servicios extraordinarios con creciente frecuencia, y la compra, obligada para evitar que cayesen en otras manos, de jurisdicciones y baldíos enajenados del patrimonio real. Aquellas se endeudaron y promovieron dos arbitrios muy dañinos: el despliegue de una fiscalidad propia, añadida a la regia mediante recargos locales de los tributos que gravaban el consumo, y el arriendo o venta de notables porciones de tierras municipales, hasta entonces de aprovechamiento comunal. Lo uno avivó la escalada fiscal y lo otro, al encarecer el sostenimiento del capital animal de las explotaciones agrarias, entorpeció aún más su desenvolvimiento. Estas, pese al fuerte descenso de la renta de la tierra desde 1595 o 1600, no salieron de su postración. Ello evidencia el radical empobrecimiento de muchos campesinos, y sugiere que, si la caída de las rentas territoriales (exigidas en trigo y cebada), pese a su magnitud, guardó proporción con la del producto cerealista, estas conservaron parte de su potencial para bloquear la recuperación del cultivo durante mucho tiempo.

- La almoneda del patrimonio regio y la presión sobre las haciendas locales tuvieron otra vertiente: lograr la colaboración de la nobleza y, más aún, de las oligarquías municipales para movilizar el descomunal volumen de recursos requerido por la política imperial. A nobles e hidalgos, la Monarquía les pagó desprendiéndose de rentas, vasallos, jurisdicciones y cargos, lo que reforzó el poder señorial. A las oligarquías locales, consintiendo que aumentasen su poder político, su autonomía en asuntos fiscales y su control sobre los terrenos concejiles; así, sus miembros lograron que sus patrimonios eludiesen la escalada fiscal e, incluso, consiguieron ampliarlos con comunales privatizados.

- A cambio del apoyo de las élites, los Austrias renunciaron a ampliar su autoridad, y ello tuvo dos efectos adicionales de capital importancia.

De un lado, una fiscalidad más heterogénea y una soberanía más fragmentada, con más agentes con prerrogativas para intervenir en los mercados y los tráficos, incrementaron los costes del comercio y bloquearon la integración de los mercados en el ámbito de la corona. En este sentido, el enésimo arbitrio de los Austrias para allegar recursos, la manipulación de la moneda de vellón, que perdió toda la plata que contenía y fue sometida a bruscas alteraciones de su valor nominal, generando correlativas oscilaciones de los precios, hizo más incierto el comercio y hundió la confianza en el signo monetario.

De otro, el progresivo control de la nobleza y las oligarquías locales sobre las tierras concejiles, la mayor reserva de pastos y suelos cultivables, aumentaron su interés por el ganado lanar, especialmente desde 1640, cuando volvieron a crecer los precios de las lanas exportadas. Grupos poderosos con intereses distintos (fuese participar en el negocio ganadero o restaurar los niveles de las rentas territoriales) hallaron entonces un objetivo común: obstaculizar el acceso de los campesinos y sus arados a dicha reserva de labrantíos. Ya entrado el siglo XVIII, cuando la población castellana se fue acercando a los máximos de 1580, este frente antirroturador constituyó un freno de primer orden a la expansión del cultivo.

En suma, las múltiples y destructivas secuelas de la política exterior de los Austrias que las regiones castellanas padecieron entre 1570 y 1660, ahondaron y prolongaron la depresión, primero, y obstaculizaron después, durante décadas, la recuperación. Esa política originó una formidable succión de recursos que dañó principalmente a los labradores acomodados, los artesanos y los comerciantes, a las actividades productivas más mercantilizadas y al mundo urbano, reorientando a la economía castellana por un rumbo poco propicio para el crecimiento económico. Hacia 1700, apenas se atisbaban signos de recuperación en los campos y ciudades del interior, los más esperanzadores se habían desplazado hacia el Norte y el Mediterráneo, y el grupo de cabeza de la economía europea estaba un poco más lejos.

Este apretado recorrido por la España del siglo XVII ofrece dos lecciones de actualidad. Una, que no hemos aprendido, subraya la conveniencia de mantener separados megalomanía y gasto público. La otra, que quizá aún podamos atender, concierne al reparto social del coste de las crisis económicas. La negativa de los más ricos y poderosos a soportar una parte proporcional a sus recursos, no solo atenta contra la justicia (o el bien común, en términos del siglo XVII); también deprime la economía. El incremento de la desigualdad, en solitario, no estimula el crecimiento; únicamente generaliza la pobreza. Y ambos juntos pueden alargar una recesión y bloquear por largo tiempo la recuperación posterior.

José Antonio Sebastián Amarilla es profesor titular de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid

EL SIGLO XIV: La primera gran depresión europea

Las grandes crisis de la economía española

Lecciones de la recesión
Un grupo de historiadores vuelve al pasado para ayudar a entender los males de hoy


La primera gran depresión europea

Guerras, epidemias, hambre... La Baja Edad Media vivió enormes convulsiones que causaron una profunda crisis en Europa y España. La sacudida al sistema feudal abrió las puertas de la modernidad al Viejo Continente.



Tras varios intentos fallidos por superar la crisis de sus finanzas, la Hacienda del reino de Mallorca quebró finalmente en 1405. En los años anteriores se habían desplomado muchas bancas privadas en Barcelona, Valencia y la misma Mallorca, pero ahora no se trataba ya del hundimiento de entidades financieras particulares, sino de la bancarrota de todo un reino. La quiebra no solo obligó a consignar todos los ingresos fiscales de la isla al pago de los intereses de la deuda y a su amortización, sino que dejó en manos de los acreedores, en su inmensa mayoría barceloneses, la centralización del producto fiscal recaudado y la supervisión del pago de los intereses y de la gestión en general de la deuda pública.

La escalada de la deuda estuvo en el origen de los problemas

En Barcelona, el 61% del gasto público se destinaba a pagar intereses

Los impuestos se extendieron a todos los habitantes del reino

La especulación inmobiliaria disparó al alza los precios

No se trataba de una mera crisis coyuntural. Los problemas eran estructurales y venían de muy atrás. Treinta años antes, y solo veinte después de que Mallorca hubiese empezado a emitir deuda pública, las cuentas ya no cuadraban. Como apuntó en su día Álvaro Santamaría, de los 900.000 sueldos a que ascendían anualmente los ingresos teóricos globales, solo llegaban a recaudarse unos 660.000, mientras que el resto dejaba de percibirse por fraude fiscal o mala gestión. Para atender el desfase entre ingresos y gastos, la Hacienda mallorquina había contraído una deuda del orden de seis millones de sueldos, que obligaba al pago de intereses por un total aproximado de 600.000, es decir, la casi totalidad de los ingresos efectivos ordinarios.

En 1373, un administrador nombrado por la corona elaboró un plan de saneamiento de la Hacienda del reino que pasaba por reducir drásticamente el gasto público (adelgazando sensiblemente la nómina de salarios y gratificaciones pagados por la Administración; reduciendo el número de embajadas y misiones oficiales; limitando la inversión en obras públicas durante diez años a la conservación de las murallas, la conducción de aguas y el muelle; controlando el abastecimiento frumentario y prohibiendo la concesión de donativos graciosos con cargo a fondos públicos), fiscalizar con severidad las cuentas de la Administración pública (sometidas a auditorías, cuyos informes serían entregados a los nuevos gobernantes al inicio de su mandato anual) y amortizar la deuda en 10 años (reduciendo el tipo de interés del 10% al 8%, una moratoria de 10 años y un plan septenal de amortización). El plan no solo no funcionó, sino que la situación de las finanzas se agravó y, aunque hubo nuevos intentos por sanear la deuda (en 1392 se colocó ya a un catalán, en representación de los acreedores, al frente de las finanzas mallorquinas con el fin de asegurar el pago de los intereses), la Hacienda quebró finalmente en 1405.

El de Mallorca no es un caso aislado ni en la España ni en la Europa de la baja Edad Media. Hacia finales del siglo XIV el pago de los intereses de la deuda pública representaba entre la mitad y las tres cuartas partes del gasto municipal en las grandes ciudades italianas, francesas, alemanas, flamencas y holandesas. En la Corona de Aragón, donde la emisión de censales se había generalizado desde mediados del trescientos como el principal recurso financiero de las Haciendas locales, la deuda pública había adquirido ya niveles colosales antes de finalizar la centuria. En Barcelona, pasó de representar el 42% en 1358 al 61% en 1403; en Tarragona, del 54 % en 1393 al 72% en 1399; en Valencia, del 39 % en 1365 al 50 % en 1402; y en Mallorca, quizá el caso más espectacular, ascendía al 81% en 1378. Y como la deuda se financiaba con los ingresos fiscales -o tal vez fuera más exacto decir que se crearon nuevos impuestos y se incrementó la presión fiscal con el fin de financiar la deuda-, buena parte del esfuerzo fiscal de la población se desviaba en beneficio de los acreedores, de ciudadanos y mercaderes que invertían en la deuda pública -menos lucrativa, pero más segura- para diversificar sus riesgos, mucho antes de que tomasen el relevo la nobleza y las instituciones eclesiásticas, con un espíritu ya claramente rentista.

La imparable escalada de la deuda, uno de los mejores barómetros y a la vez una más de las múltiples causas de la crisis del siglo XIV, tenía su origen en las continuas peticiones pecuniarias de la monarquía, motivadas a su vez por el incremento del gasto bélico, y, en menor medida, en el desarrollo del propio aparato administrativo de un Estado cada vez más centralizado. En toda Europa la guerra fue un fenómeno casi permanente a lo largo del siglo XIV, uno de los grandes azotes, junto con la peste y el hambre, de esta centuria de grandes calamidades.

En la península Ibérica las campañas militares se suceden una tras otra a lo largo del trescientos: las cruzadas castellano-aragonesas contra Granada; la batalla del Salado, en la que las fuerzas combinadas de Castilla y Portugal derrotaron a los benimerines; la conquista de Cerdeña y las guerras continuas con Génova por el control del Mediterráneo occidental; la reintegración de Mallorca a la Corona de Aragón; las revueltas nobiliarias castellanas y las guerras de la Unión aragonesa y valenciana; y, sobre todo, la guerra civil castellana, que a su vez derivó en una guerra abierta entre las coronas de Castilla y Aragón, una guerra larga, costosa y destructiva que se inserta también en el marco general europeo de la Guerra de los Cien Años.

Las guerras segaban vidas, arrasaban las cosechas, asolaban pueblos y ciudades, interrumpían el comercio, dificultaban el abastecimiento y frenaban el crecimiento, pero también exigían fuertes sumas de dinero para financiar tanto las campañas militares -y en particular el pago de las tropas- como la posterior reconstrucción.

Y el dinero salía de las ciudades y de las comunidades rurales, sometidas a nuevas y mayores exacciones, que de ser inicialmente extraordinarias pasaron a convertirse en ordinarias. Al contrario que los antiguos tributos feudales, recaudados en el ámbito estricto del señorío, los nuevos impuestos eran generales y universales, no se limitaban solo a los vasallos del rey, sino que se extendían a todos los habitantes del reino, a todos los súbditos del monarca, y se justificaban por el bien común o la utilidad pública. Aunque se invirtiesen en gastos tan dudosos -desde la perspectiva de los contribuyentes, que así lo denunciaban- como más guerras o más mercedes a privados y partidarios del soberano.

La construcción de un verdadero sistema fiscal y financiero, con impuestos ordinarios, regulares, sobre el patrimonio o sobre la comercialización y el consumo (sisas, alcabalas), hizo posible, primero en Cataluña y la Corona de Aragón y más tarde en Castilla, la consolidación de la deuda pública, basada ya no en créditos a corto plazo (préstamos a interés) sino a largo plazo (censales, juros). O más bien cabría decir que fue la consolidación de la deuda pública, consignada sobre determinados impuestos (en su mayoría indirectos) la que exigió y desembocó en el establecimiento de un verdadero sistema fiscal, primero municipal y después estatal.

En cualquier caso, y esto es lo relevante, ciudades, reinos (cortes y diputaciones) y monarcas dispusieron de nuevos instrumentos financieros con los que atender nuevas y crecientes necesidades (aunque en algunos casos acabarían llevándoles a la quiebra); el patriciado urbano y más tarde la alta aristocracia y el clero se beneficiaban del festín fiscal, redistribuido en forma de intereses de la deuda; y las clases populares, rurales o urbanas, contribuyentes netos, veían cómo se añadían a los censos agrarios y las rentas señoriales tradicionales los nuevos impuestos con los que se financiaban las haciendas locales y reales y, en particular, la deuda pública.

El incremento de la presión fiscal y el reparto de su producto entre la nobleza (profesionales de la guerra y altos cargos del Estado) y los inversores en la deuda son solo una de las manifestaciones de los grandes cambios eco-nómicos y sociales (pero también políticos, culturales e incluso religiosos, con el gran Cisma de Occidente) que tuvieron lugar en el siglo XIV y que los historiadores suelen englobar, extremando los tintes negativos, bajo la denominación general de "crisis del siglo XIV", "crisis del feudalismo" e incluso "gran depresión bajomedieval". Las otras manifestaciones son más conocidas, y por eso les dedico menos espacio en esta apretada síntesis.

Los primeros historiadores que se ocuparon de ella y los propios contemporáneos destacaron sobre todo la conjunción de catástrofes y calamidades que se abatió sobre la centuria y, en primer lugar, el terrible impacto de la peste negra, que diezmó a la población europea. La epidemia, de efectos letales en su doble variedad bubónica y pulmonar, llegó a la costa mediterránea de la Península en el verano de 1348 y rápidamente se propagó por toda Europa occidental, a lomos de las ratas que infestaban las bodegas de los barcos y los cargamentos comerciales. No había remedio contra ella, y lo único que podían recomendar los médicos y las autoridades públicas y religiosas, además de rogativas y actos de expiación colectiva, era huir de las ciudades más atestadas y expuestas. Como hizo Boccaccio, que se retiró a una villa alejada de Florencia, donde compuso el Decamerón en el año de la peste.

Aunque todas las estimaciones demográficas anteriores a la era estadística no pasan de ser eso, estimaciones, se calcula que entre una tercera parte y la mitad de la población europea sucumbió a la epidemia, lo que representó un verdadero colapso demográfico y económico (ver gráfico). Además, tan mortíferas como su primera irrupción fueron sus posteriores recurrencias -el segundo brote, en 1362, se cebó en la población infantil, sin defensas inmunológicas-, y el hecho de que la peste se instalase de manera permanente en la sociedad europea hasta más allá de los siglos medievales no dejó de ensombrecer las posibilidades de recuperación.

Mucho antes que la peste habían hecho su aparición las carestías y las hambres. Un cronista catalán de la época bautizó el año de 1333 como "lo mal any primer", el inicio de todos los males, cuando una mala cosecha disparó el precio de los cereales y extendió el hambre y la muerte por toda la Península. Solo en Barcelona murieron 10.000 de los 50.000 habitantes con que contaba la ciudad. Pero los efectos de la carestía se dejaron sentir también de forma severa en Castilla y Portugal.

En el norte de Europa la crisis había empezado una generación antes, con la gran hambruna de 1315-1317, provocada por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y la sucesión de malas cosechas, que golpeó a todo el continente, de Escocia a Italia y de Rusia a los Pirineos, pero que no afectó a la península Ibérica. Los testimonios de la época hablan de altos niveles de criminalidad, enfermedades, muertes masivas e incluso casos de canibalismo e infanticidio.

Frente a una visión catastrofista que situaba el origen de la crisis en la incidencia de factores exógenos como la peste y el enfriamiento climático (en el siglo XIV, en efecto, se inició lo que se conoce como la pequeña Edad del Hielo, que se prolongaría hasta mediados del XIX), la mayoría de los historiadores se ha decantado tradicionalmente por atribuir sus causas a factores de naturaleza endógena, como el desequilibrio entre población y recursos, los rendimientos decrecientes, la estructura de clases, la conflictividad social, la guerra permanente, la competencia entre los nuevos Estados emergentes o el aumento de la presión fiscal.

Para los historiadores neomaltusianos las causas de la crisis se encontrarían en las limitaciones internas del propio crecimiento -demográfico y económico en general- que había caracterizado a la economía europea en los tres siglos precedentes, del XI al XIII. La inflexión se habría producido ya en las últimas décadas del doscientos, cuando hicieron su aparición en algunas regiones -ciertamente no en la península Ibérica- los primeros síntomas de agotamiento, de haber llegado ya al final de la gran expansión medieval. Treinta o cuarenta años separan, en opinión de Bois, el final del crecimiento de la entrada en la depresión propiamente dicha. Y entre los factores que llevaron a ella señala en primer lugar la persistencia de la presión demográfica sobre una economía agotada e insegura, el alza de los precios y, en particular, la escalada del precio de la tierra.

Como en el caso de una burbuja, una verdadera fiebre especulativa se apoderó del mercado inmobiliario y presionó los precios al alza de manera irracional. Las tasas de interés, que durante la etapa de crecimiento habían descendido hasta un nivel medio del 5%, se elevaron hasta el 8% o el 10%. Todo ello se tradujo en graves desórdenes monetarios, particularmente en Francia, donde la moneda perdió el 50% de su valor, a la vez que las devaluaciones disparaban los precios y desencadenaban la especulación monetaria.

Este proceso constituyó el prolegómeno extremo (estancamiento técnico y productivo, aumento del gasto público improductivo, incremento de la deuda sobre activos sobrevalorados) que precedió y llevó finalmente a la depresión, con la caída de la producción y los precios agrarios y la contracción de la demanda, afectada ya por la crisis monetaria y el retroceso demográfico. Por su parte, la salida de la crisis -sobre la que no puedo extenderme aquí- solo vendría, a mediados ya del siglo XV, con un importante reajuste de las estructuras económicas, la reducción de los tipos de interés, la estabilización de la moneda y de los precios, el alza de los salarios y de los ingresos señoriales -gracias a la nueva fiscalidad centralizada- y la recuperación de la demanda.

Más allá de sus manifestaciones más virulentas y más allá también de las distintas interpretaciones con las que los historiadores la han intentado comprender, la gran depresión bajomedieval ha sido considerada también como una crisis sistémica, como una crisis del feudalismo (aunque no fuese la que terminase con él, como tampoco la crisis de 1929 terminó con el capitalismo). Otros, en cambio, se preguntan si no se trató más bien de una serie de dificultades a corto plazo o cuellos de botella de la producción, que podrían haberse superado de no haber irrumpido la peste.

En todo caso, la crisis se saldó con una profunda reorganización del sistema feudal, desde sus bases económicas (una mayor especialización e intensificación agrícola, mayores tasas de urbanización, el desarrollo de la manufactura, el incremento de la comercialización, la reducción de los costes de transporte) hasta sus estructuras políticas e institucionales (con el afianzamiento de las monarquías territoriales y la centralización del poder político y militar). Fue en este sentido, como la denomina Epstein, un proceso de "destrucción creativa", desatado por un periodo de rápido y traumático colapso demográfico, que se tradujo en una mayor integración económica e institucional, en una mayor competencia entre mercados y entre Estados y que colocaría a la economía europea en una senda de mayor crecimiento. Lejos de ver en ella solo sus aspectos calamitosos, la crisis de la baja Edad Media fue ante todo un motor del cambio económico, el escenario de la reorganización que permitió convertir el crecimiento en desarrollo. Europa y la economía europea saldrían reforzadas de la prueba.

Antoni Furió Diego es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. - PRÓXIMO ARTÍCULO El siglo XVII, por J. A. Sebastián