El legado de 1812 revisado, de Josep Maria Fradera en El País

LA CUARTA PÁGINA

Siempre se ha dicho que con la aprobación de Constitución gaditana hace 200 años, los españoles dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. Pero desaparecida ‘La Pepa’, queda poco de tan rotunda frase

La conmemoración de los 200 años de la proclamación de la primera Constitución liberal española en 1812 mantiene justificadamente ocupados a constitucionalistas e historiadores. Por lo general, la interpretación da vueltas en torno a una idea que se repite hasta la saciedad. Esto es: con la aprobación de la Constitución gaditana en 1812, los españoles dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. Sin embargo, si nos acercamos de nuevo a las dos situaciones que definen el antes y el después, se imponen tantas precisiones que al final queda poco de tan rotunda frase.
Empezando por el famoso súbdito del antiguo régimen, aquel sujeto sin atributos políticos aparentes, revisiones de las últimas décadas acerca de la ‘libertad de los antiguos’, obligan a repensar sus modos de actuar y las legitimaciones jurídicas y culturales que lo amparaban. El súbdito era un sujeto cargado derechos, que los Estados monárquicos trataron de sujetar con restricciones legales, el crecimiento de la administración y las finanzas estatales y una apología constante de la autoridad irrestricta del monarca. Esto último era más un deseo que una realidad. No obstante, la idea de ‘antiguo régimen’ y de absolutismo monárquico, la idea de un súbdito encadenado por un marco legal a medida del despotismo del Estado, se convirtió en un argumento central de la propaganda liberal. Era cierto que las instituciones de representación corporativa estaban perdiendo capacidad de interlocución frente al rey, en paralelo a un reforzamiento extraordinario del Estado con las guerras del siglo XVIII.

Las acrecentadas demandas estatales empujaron hacia dos soluciones políticas distintas. La primera consistió en una renovada importancia de las instituciones de representación local. Cuanto más lejos del núcleo monárquico, más oportunidades existieron de incrementar el peso de los cuerpos intermedios. El ejemplo por antonomasia se encuentra en la transformación de las asambleas de las 13 colonias británicas de Norteamérica en aguerridas instancias contra las demandas del sistema político británico (King in Parliament). Salvando todas las distancias, la renovación de los llamados cabildos abiertos en la América española se inscribe en esta dinámica, al igual que la autorización de formar asambleas (a la británica) en las ricas posesiones francesas de las Antillas.

La segunda posibilidad consistía en la imposición del esquema monárquico-administrativo como única vía de construcción estatal. De imponerse esta solución hasta el final, como sucedió en España, el bloqueo de las demandas de los grupos intermedios era la consecuencia inevitable, con el resultado de graves conflictos en los que la participación popular era insoslayable. Para los excluidos del sistema, el final del túnel era el mismo en cualquier caso: alcanzar la representación política plena. En síntesis: romper el escollo de la reclamación parcial en aras de la representación per se, aquella que se fundamentaba, como proclamaron las declaraciones de independencia norteamericana y la francesa de derechos del hombre y el ciudadano, en el derecho natural a la igualdad política. El sujeto que impone al complejo monárquico-estatal esta solución radical no era, en modo alguno, un parvenu de la política. Todo lo contrario, es aquel súbdito cargado de derechos/privilegios en la medida en que forma parte de comunidades de lugar o de oficio, el súbdito leal a su rey aunque este se distancie y no corresponda, el súbdito que pleitea incansablemente en nombre de la justicia y de sus derechos/privilegios con los oficiales reales. Por esta razón, la palabra súbdito (subject) no tiene en inglés sentido peyorativo alguno. Sí lo tiene en países como el nuestro, donde la transformación posterior resultó insuficiente y problemática.

Truculencias al margen, todo ciudadano moderno es por definición y al mismo tiempo súbdito del Estado. Es por ello que debe cumplir las leyes incluso si las ignora. En momentos de crisis, el Estado se ocupa de que así sea, suspendiendo si es necesario la condición de ciudadano con el “estado de excepción”, como fórmula liberal por excelencia. Por consiguiente, y citando al filósofo político Gianfranco Poggi, una distinción nítida entre la categoría de súbdito y la de ciudadano no conduce a parte alguna.

Vistas las cosas desde esta perspectiva, lo que ocurrió en España a principios del siglo XIX se ordena mejor, se hace más inteligible. El agotamiento de las fórmulas transaccionales, las auspiciadas al principio por la élite del bando patriota, tuvieron que ser descartadas una tras otra, como Tomás y Valiente explicó magistralmente. En un contexto de resistencia agónico, la nación como suma de ciudadanos es proclamada como el principio esencial de la soberanía. Es este el momento cuando la idea de representación auspiciada por norteamericanos y franceses se condensa en el estatuto de ciudadanía. Pero es un recurso desesperado, forzado por la necesidad de forjar un punto de atracción de las fuerzas “centrífugas” en América y en la Península. Aquel centro de gravitación solo podían ser las Cortes Constituyentes y el pacto político que subyace en el texto gaditano. En la historia reciente española, es esta la única ocasión en la que la supervivencia misma del Estado dependió de la capacidad para forjar un consenso entre las partes, de Santiago de Chile a la Guadalajara novohispana, de Cádiz a la frontera con Francia. Era tal la necesidad de establecer la primacía de las Cortes, que se impondrá su autoridad a costa de abrir heridas en el mundo americano imposibles de cerrar. Entre ellas figuraban la exclusión de la ciudadanía de individuos libres descendientes de esclavos (2/3 aproximados del total del censo); en segundo lugar, la negativa implacable a lo que llamaron “federalismo”, esto es, la fórmula estadounidense para conciliar la unidad de la nación con la capacidad legislativa de los 13 Estados fundadores.

La idea de un ciudadano como expresión de unos derechos inalienables (aunque no explícitos) desaparecerá junto con la Constitución de 1812, antes ya de su sustitución por la mucho más moderada de 1837, y así sucesivamente hasta el presente (puesto que en la de 1978 conviven “españoles”, “personas” y “ciudadanos” en importancia descendente). El ciudadano de 1812 recordaba demasiado a su precedente del momento revolucionario francés. Como advirtió con lucidez Danièle Lochack, el de “ciudadano” fue y es un “concepto jurídico vago”. Serán las leyes electorales las que se ocuparán de regular —más bien restringir y excluir (mujeres, penados, menores, personas sin residencia fija, no–nacionales, súbditos coloniales)— el derecho a votar y ser votado. Es lo que sucede cuando el restablecimiento constitucional a la muerte de Fernando VII. Sobre una población de más de 12 millones de habitantes, el cuerpo electoral fue reducido de tres millones de hipotéticos electores, con arreglo al sistema de 1812, a menos de 80.000 con las leyes electorales censatarias de 1836 y 1837 en la mano, para proseguir su descenso imparable hasta 1869. El sufragio general masculino regresará en esta última fecha con la Revolución de Septiembre, pero lo hará no como expresión renovada de la ciudadanía gaditana sino asociado a la condición de español. Incluso en los momentos en que el sufragio universal masculino y adulto se abre paso, se separan con precisión los derechos recogidos en la Constitución vigente (las de 1869 y 1876) de los electorales articulados por leyes específicas. La idea de ciudadanía no desaparece; transmigra a la lucha política, en un país en el que la división civil forma el reverso del cierre constitucional posterior a la abierta apuesta gaditana.

Florence Gauthier definió esta desaparición temprana de la figura del ciudadano como el triunfo y muerte del derecho natural. Frente a la evanescencia de la figura del ciudadano forjada durante el ciclo revolucionario, es la condición de súbdito la que garantizó la consistencia del “pacto social”, la transición al nuevo orden del conocido como Family o Blood Compact monárquico junto con muchas adherencias en la práctica de los cuerpos funcionariales y jurisdicciones antiguas. Con esta última constatación se cierra el círculo conceptual de identificación de lo que constituyó la sustancia del venerable texto gaditano. Si el argumento expuesto es válido, el debate sobre la continuidad o novedad de la primera Constitución liberal española tiene escaso sentido.

Josep M. Fradera es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat Pompeu Fabra/ICREA.

El poder del deporte, de Walter Laqueur en La Vanguardia

30-7-2012


Los Juegos Olímpicos modernos, como es sabido, fueron un proyecto ideado por un joven aristócrata francés de 33 años, el barón Pierre de Coubertin, en la última década del siglo XIX. Sin embargo, tal afirmación no es del todo exacta, pues hubo intentos anteriores, en los siglos XVIII y XIX, de reactivar estos juegos de la antigüedad si bien no fueron exitosos. Tampoco resulta ser muy conocido el hecho de que la iniciativa de Coubertin no fuera ampliamente aceptada sino al cabo de un tiempo. Al principio, la celebración de los Juegos no fue un triunfo espectacular y hubo que esperar varios años para asistir a un reconocimiento más firme. Los Juegos Olímpicos de St. Louis y París carecieron de brillo y en los primeros, por ejemplo, del centenar aproximado de “extranjeros” que acudieron la mayoría eran golfistas canadienses, pues el golf era un deporte olímpico en aquellos años. Los Juegos de St. Louis (1904) y de París (1900) quedaron en un plano secundario con relación a las exposiciones universales que se celebraban entonces en las mismas ciudades. El proyecto de Coubertin propiamente dicho se hizo realidad por primera vez en Estocolmo en 1912.
Fue también en Estocolmo donde las mujeres, en número ya significativo, tuvieron autorización para participar. Coubertin había mostrado antes su acérrima oposición a tal eventualidad. Los estadounidenses pusieron trabas a su participación al recalcar que las mujeres debían vestir falda larga en todos los deportes, lo que motivó que se descartara la natación. Después de la prueba femenina de 800 metros en Amsterdam (1928) -la recuerdo pues la vencedora era de mi localidad natal-, varias participantes cayeron exhaustas y se decidió que las mujeres no participaran en pruebas de distancias superiores a cien metros. Hoy, las mujeres corren el maratón como cosa corriente, pero su aceptación tardó treinta años en producirse.

Si el barón francés viviera en la actualidad, ¿qué grado de satisfacción experimentaría a la vista de cómo ha evolucionado su idea? Los JJ.OO. se han convertido en una realidad que forma parte de los asuntos internacionales aun atendiendo únicamente al número de participantes. Mientras que un puñado de hombres de doce países (o catorce, según los distintos historiadores) acudieron a Atenas en 1896, más de diez mil participantes de 216 países han acudido a Londres; en cambio, la ONU tiene sólo 192 países miembros.

Pero hay que decir que Coubertin tenía miras mucho más amplias. Si los Juegos Olímpicos de la antigüedad habían impuesto de hecho una tregua en los conflictos durante su celebración, el barón quería que los JJ.OO. modernos fueran un instrumento para promover la paz mundial. Se premió con medallas las gestas deportivas y el propio barón, bajo seudónimo, recibió una de oro en 1912 por su composición Oda al deporte.

¿Ninguna crisis es como las anteriores?, de Emiliano Fernández de Pinedo en El País

31-7-2012

No es posible ni razonable recurrir al proteccionismo; tampoco practicar devaluaciones competitivas. Solo queda emigrar —ya lo hacen algunos— e incrementar la productividad, invirtiendo en investigación y en formación
 
A lo largo de la guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865) la industria textil catalana tuvo serios problemas para abastecerse de algodón en rama. La escasez de materia prima provocó la paralización de muchas empresas. El cónsul británico en Barcelona relataba que los obreros sin trabajo eran empleados por los ayuntamientos o por las autoridades civiles en obras municipales. Grandes cantidades de dinero público, señalaba, se habían gastado juiciosamente. Algo parecido había sucedido en el pasado cuando por razones climatológicas tenía lugar una mala cosecha de cereales.

No parece que los ediles de aquellos tiempos tuvieran demasiada idea de modelos económicos. Sencillamente, bien por caridad, bien por temor a motines populares, recurrían a incrementar el gasto público, incluso endeudándose, con lo que buscaban paliar las consecuencias negativas de la crisis.
Sin duda no de otra forma actuó Franklin D. Roosevelt tras ganar las elecciones en 1933. Cuando los parados se contaban por millones y las coberturas sociales eran casi nulas, los políticos, y mucho menos los políticos de regímenes democráticos, no podían quedarse de brazos cruzados. Tenían que hacer algo, en muchos casos utilizando el método de ensayo-error.

Nunca tendremos la certeza de que fuesen las decisiones de Roosevelt, aplaudidas por Keynes, las que sacaron a Estados Unidos. de la depresión de los años treinta ya que en 1937 se inició otra caída. Algunas de esas medidas adoptadas son poco o nada recordadas, como la devaluación del dólar en torno a un 40% o el cierre de muchos bancos, o el seguro de desempleo. La política económica hitleriana logró reducir el paro en Alemania en 1934 al nivel de 1928, merced a la autarquía y a la expansión del crédito, pero esa política económica tuvo no pequeña responsabilidad en el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El keynesianismo, como public spending, frente al ortodoxo equilibrio presupuestario prebélico, se popularizó tras la Segunda Guerra Mundial. Pero las décadas en las que se aplicó, grosso modo hasta la recesión de los años 70, fueron muy peculiares. Una parte considerable de la población activa desapareció a causa de la contienda. La brutal elevación de la mortalidad se distribuyó a lo largo de la pirámide de población de forma sesgada. Aunque no hay estudios globales, es muy probable que la mortalidad masculina fuese mayor cuanto menor fuera la cualificación. El esfuerzo bélico en la retaguardia y las argucias alejaron del frente a los especialistas, de picadores de mina a fabricantes de cohetes. Al acabar el conflicto, técnicas e instrumentos vinculados a la guerra —motor a reacción, antibióticos…— se aplicaron a las actividades civiles. Mano de obra muy cualificada, avance técnico, capitales americanos y, todo hay que decirlo, otro modelo de organización social, económica y política al Este, hicieron de los años cincuenta, sesenta e inicios de los setenta una época excepcional en Occidente. La relativa penuria de mano de obra poco cualificada se obtuvo de los países del Sur. Esta etapa acabó hacia mediados de los años setenta. Cuando la coyuntura económica cambió y los gobiernos intentaron reactivar el sistema inyectando capital público se produjo lo que se dio en llamar la estanflación, estancamiento más inflación. Si el incremento del gasto público, endeudándose, hubiera cambiado la tendencia, el llamado neoliberalismo, bien lejano del liberalismo decimonónico, no se hubiera impuesto. Sobre las decisiones y opiniones de los políticos y economistas de los años treinta influía la hiperinflación alemana de los años 1921-1923, de efectos sociales tan devastadores y la mayoría era partidaria de equilibrios presupuestarios y estabilidad monetaria. De forma parecida los temores a una estanflación e intereses nacionales concretos inclinan la balanza hacia el rigor presupuestario y la austeridad ahora.

Ninguna crisis es como la anterior, pero suelen tener ciertas semejanzas. El actual estado de la economía española tiene parecidos con la crisis ferroviaria y bancaria de 1866 y con la depresión de 1890-1896. Una mezcla de ambas.

A mediados del siglo XIX Francia disponía de una capacidad de ahorro por encima de las posibilidades de inversión en su propio país. España fue uno de los países que atrajeron una parte relevante de los capitales galos dedicados a construir caminos de hierro. Se partía de la hipótesis de que una vez montada una red ferroviaria, España se convertiría en un gran exportador de cereales, proporcionando carga y pasajeros. Para financiarla se constituyeron bancos de negocios, amparados en la ley de 28 de enero de 1856. Estos fueron los que canalizaron el ahorro exterior y nacional. El tendido se llevó a cabo con gran rapidez; en diez años unos 6.000 kilómetros. La inmensa mayoría con material importado, libre de derechos aduaneros. Pero cuando los diversos ramales estuvieron interconectados se comprobó que la escasa afluencia de viajeros y de mercancías no hacían rentables las líneas de ferrocarril y sus dificultades afectaron a los bancos que les habían financiado. El error de cálculo arrastró a las empresas ferroviarias y a los bancos. Las quiebras fueron numerosas.

La depresión de 1890-1896 tiene otras características, menos coyunturales, más vinculadas a modificaciones en la economía mundial. Los innovadores de los países avanzados tienden a ampliar sus mercados exportando tecnología a países que no son capaces de producirla, pero si de aplicarla, y en donde su uso puede resultar muy rentable. Estados Unidos y Argentina son dos ejemplos extraeuropeos en donde el ferrocarril, una innovación europea, permitió poner en cultivo enormes extensiones de tierra antes inutilizadas o usadas de forma extensiva, merced al abaratamiento del coste de transporte. La llegada masiva de cereales americanos a Europa provocó una caída de sus precios, dando lugar a una recesión (1890-1896). En España este proceso se vio agravado por la progresiva destrucción del viñedo por la filoxera. Era probablemente la primera vez o casi, que un proceso de globalización tenía consecuencias negativas para ciertos sectores sociales y económicos del viejo continente.

La actual crisis en parte recuerda a la ferroviaria y bancaria de 1866 y en parte a la depresión de 1890-1896. Ciertos países tienen una balanza de comercio excedentaria y una elevada capacidad de ahorro. Para sacar rentabilidad a sus capitales han prestado a terceros de diferentes formas, terceros que han invertido y gastado en negocios no muy solventes, asumiendo grandes riesgos. Sin olvidar que también han generado una importante demanda de bienes y servicios a empresas de los países de donde procedían los préstamos. Cuando se evidencia que los deudores van a tener dificultades para devolver lo prestado surge la crisis. Antes, bajo el liberalismo, esta se llevaba por delante a parte del sistema bancario; ahora implica también al Estado a través de sus intentos por evitar la quiebra de parte del sector financiero nacional. Pero además de sufrir este tipo de crisis, algunos países europeos padecen graves dificultades vinculadas a la globalización, es decir, al uso de nuevas tecnologías en países, antes con tierras abundantes, ahora con mano de obra barata, que son capaces de producir a costes inferiores. A partir de los años cincuenta del siglo pasado la deslocalización de parte de la industria del automóvil europea y estadounidense —Citröen, Renault, Simca, Ford…— benefició a países, como España, con mano de obra barata y capaz de asimilar las nuevas tecnologías.


Obviamente, este proceso se ha extendido a otras partes del globo. Dado que no es posible ni razonable recurrir al proteccionismo, ni practicar devaluaciones competitivas solo parece que queda emigrar, lo que ya está haciendo una pequeña parte de la mano de obra cualificada, e incrementar la productividad, invirtiendo en investigación y en formación, pero también adelgazar aquellos sectores que poco o nada contribuyen al crecimiento económico, cuando no lo dificultan. No es solo un problema de capitales, desafortunadamente. Absorber el paro y recuperar la productividad resultará largo y duro, entre otros motivos porque no pocos de los problemas actuales no son solo económicos.

Emiliano Fernández de Pinedo es catedrático de Historia Económica de la UPV-EHU.