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dissabte, 15 de juny del 2013

El legado del samurái, cuatro siglos después, de F. Álvaro Durántez Prados




En 1613 partió de Japón con destino a España el noble Hasekura Tsunenaga para conseguir apoyo militar y naval de la entonces mayor potencia del mundo. La misión no consiguió sus objetivos, pero dejó huella

Conocí a la discreta y principesca Naomi Kato en la Casa de América, el principal centro cultural iberoamericano de la capital de España, allá por el mes de octubre de 1996. Estaba entonces completando su formación hispánica para así, como novel diplomática de su país, Japón, mejor servir a las relaciones entre éste y las naciones iberoamericanas. La conversación y mi interés por la historia llevó a Naomi Kato a contarme un episodio magnífico y muy poco conocido de las relaciones históricas hispano-japonesas, un episodio en el que, por circunstancias extraordinarias de la vida, ella se había visto profunda y definitivamente envuelta: el de la embajada de Hasekura Rokuemon Tsunenaga, ahora denominada Embajada Keicho por haber tenido lugar en el año decimoctavo de la era japonesa del mismo nombre. Ésta es, muy brevemente, la sorprendente historia, una historia que ya fue en parte novelada por el escritor japonés Shusaku Endo.

En el año de 1613 partió del puerto japonés de Sendái, en un galeón de diseño y tecnología españoles, con destino a España, el noble japonés Hasekura Tsunenaga. Cristiano católico y embajador del señor del feudo de Bojú, Date Masemune, Hasekura iba acompañado del franciscano español Luis Sotelo y de un numeroso séquito de samuráis y comerciantes nipones. El objeto oficial de su misión era establecer relaciones políticas y comerciales con la Corona de España y lograr su ayuda para, entre otras cosas, impulsar el cristianismo en su país.

El séquito nipón pasó una larga estancia en México, la Nueva España, para, tras cruzar las montañas y desiertos de ese país, embarcarse hacia la vieja no sin antes hacer escala en la gran antilla de Cuba. El cinco de octubre de 1614 la embajada japonesa llegaba a Sanlúcar de Barrameda. Sin embargo, mucho habían cambiado las circunstancias desde su ya lejana partida de Cipango.

Japón vivía en los primeros decenios del siglo XVII un proceso de fuerte controversia religiosa y de reordenación política del país. El cristianismo, presente en la isla desde mediados de la anterior centuria precisamente por iniciativa del jesuita español Francisco Javier, tenía ya una fuerte implantación en el país asiático. Algunos dirigentes japoneses pensaron entonces que la religión cristiana podía ser una primera punta de lanza de una proyectada conquista española o ibérica o, cuando menos, de un plan de control y mediatización política y económica de la isla japonesa por parte de las potencias occidentales. Además, el país se hallaba en un momento de desgarradoras luchas intestinas entre señores feudales y poderes centrales por el control del Shogunado.

Fue en ese cambiante e inestable contexto cuando uno de los grandes señores feudales, Date Masemune, envió con el permiso del shogún retirado Tokugawa Ieyasu la embajada Keicho, o Hasekura. Los historiadores coinciden en señalar que lo que se buscaba claramente era la transferencia de tecnología militar y naval de la entonces mayor potencia del mundo, España, para hacer fuertes las aspiraciones del señor de Bojú. Así, el proponer a Su Majestad Católica Felipe III la cesión de algunos medios para ayudar a la causa cristiana era, en principio, una estrategia lógica dentro de la pugna política y religiosa que se vivía en la isla del Sol Naciente.

Sin embargo, paradojas de la Historia, la misión de Hasekura Tsunenaga perdió su sentido antes incluso de llegar a su destino: la religión cristiana había sido prohibida y proscrita en el Imperio japonés precisamente durante el tiempo en que transcurría su viaje. Por otro lado las noticias contradictorias llegadas a la Corte española desde la Capitanía General de Filipinas sobre la situación y la estructura interna del Japón, y sobre la coyuntura del cristianismo en ese país hicieron que la posibilidad de una ayuda material fuese desestimada. También la legación diplomática fue considerada como de rango menor por no proceder clara y directamente del Emperador o del Shogún, sino de uno de sus vasallos, el citado señor de Bojú. Tampoco pasaron por alto las autoridades españolas el peligro objetivo que podía suponer para las posesiones hispanas en el océano Pacífico la transferencia de tecnología militar y naval a un pueblo fuertemente organizado y de gran tradición guerrera.

Hasekura y su séquito fueron protegidos y conducidos por las autoridades españolas que, tras aceptar la concesión de audiencia del legado japonés por parte del Rey, facilitaron y financiaron también su traslado a la Corte papal donde fueron recibidos por el Pontífice. Finalmente y tras muchos y denodados esfuerzos la comitiva japonesa emprendió el regreso a su país no sin antes hacer una nueva y necesaria escala en España. Sus objetivos no fueron logrados: los vientos de la Historia soplaban en muy diferente dirección.
Sin embargo, de su estancia en España y particularmente de su paso por la localidad sevillana de Coria del Río ha quedado un patrimonio histórico singular. Un legado genealógico y cultural excepcional que conservamos en la existencia y profusión del apellido Japón entre muchos de sus habitantes. Un claro recuerdo del grupo de nipones samuráis que decidió establecerse en España y no atravesar nuevamente dos inmensos océanos.

Este patrimonio histórico compartido hispano-japonés representado por el legado de la Embajada Hasekura en sus diversas manifestaciones comenzó a ser reconocido y divulgado en tiempos relativamente recientes con ocasión de la conmemoración en 1989 del cuarto centenario de la refundación de Sendái, el puerto japonés del que partió Hasekura en octubre de 1613 y que muchos recordarán hoy por las terribles consecuencias que sufrió a causa el maremoto desencadenado en 2011. También en los últimos decenios se han sucedido diversos actos recordatorios y conmemorativos de aquella misión diplomática destacando la mención realizada a su directa relación con el apellido español “Japón” con ocasión de la visita del Príncipe Naruhito a la Exposición Universal de Sevilla; o la erección en Coria del Río de una estatua de Hasekura Tsunenaga, réplica de la que se encuentra en Sendái. En octubre de 1996 el embajador japonés en España nombraba simbólicamente embajadores honorarios de Japón en España a las personas apellidadas Japón. El “legado Hasekura” comenzaba a ser recuperado.

La Embajada Keicho-Hasekura enviada a Felipe III constituye una de las más antiguas vinculaciones diplomáticas de Japón con Occidente: una misión anterior fue enviada al también Rey español Felipe II en las postrimerías del siglo XVI. Durante una centuria, entre 1540 y 1630 aproximadamente, las relaciones entre las dos potencias ibéricas, España y Portugal, y Japón, fueron además de intensas las primeras mantenidas por el país oriental con Occidente. Esa antigua y fructífera relación (hasta el voluntario aislamiento nipón a partir del segundo tercio del siglo XVII) no quedó restringida a la dimensión evangelizadora sino que se extendió a múltiples facetas técnicas, culturales, idiomáticas, comerciales y hasta gastronómicas. Algunos autores opinan, por ejemplo, que la introducción de arcabuces por las potencias ibéricas fue decisiva para acabar con la anárquica situación y para lograr la estabilización política interna del Japón. Más de trescientos años después, es bien sabido, Japón volvió a abrirse al mundo pero esta vez de la mano y la presión de las potencias occidentales anglosajonas. Desde entonces y hasta hoy pocas personas e instituciones en España y en Japón han recordado la fructífera relación que nos vinculó durante un siglo, y la primacía hispánica, en Occidente, en mantener relaciones oficiales y extraoficiales con el país del Sol Naciente.

Vuelvo ahora al inicio de mi historia. Como guiada por una suerte de espíritu invisible, por una atracción no explicada, Naomi Kato, católica por tradición familiar en un país mayoritariamente budista y sintoísta, decidió estudiar Cultura y Literatura Hispánicas en la Universidad al acabar el bachillerato. Durante ese tiempo de instrucción tomó también la decisión de escoger México (el primer país hispánico que pisó Hasekura) para, durante un año de estudio, conocer directamente el mundo y la lengua hispánicos. Al acabar la licenciatura se presentó a la oposición para la carrera diplomática de su país y, como nueva funcionaria especializada en el mundo de lengua española, fue destinada a España con el objeto de aumentar su bagaje formativo durante dos años más antes de tomar posesión de su primer destino oficial. Como lo fue Hasekura, también es Naomi Kato diplomática, y, como aquél, también fue enviada a España.

No eligió Naomi cualquier lugar de nuestro país sino que, una vez más guiada por ese “instinto”, se instaló durante su primer año en Sevilla, muy cerca de la villa de Coria del Río donde al menos cinco samuráis de aquel memorable séquito decidieron aposentarse definitivamente. Fue en realidad entonces cuando Naomi Kato, que si utilizase la regla española de llevar también el apellido materno sería Naomi Kato Hasekura por pertenecer al mismo linaje que el ya inmortal embajador, conoció la directa relación entre el apellido español Japón y la misión de Tsunenaga. Ni que decir tiene que, encontrándose todavía la joven en periodo preferentemente formativo, la embajada japonesa en Madrid lacomisionó también obviamente para algunas actividades representativas y conmemorativas de aquella antigua misión del señor de Bojú.

Había que articular y asegurar ese legado, rico en cultura, en historia y en ciudadanos españoles con apellido Japón. Con la iniciativa de Naomi K. Hasekura y el impulso de un gran defensor y promotor de este patrimonio, el coriano Virginio Carvajal Japón que en paz descanse, me cupo la satisfacción de contribuir a la articulación formal de la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura. Hoy, bajo la presidencia honorífica de S. A. R. el Príncipe de Asturias y de S. A. I. el Príncipe Heredero de Japón, y con motivo de los cuatrocientos años de la Embajada Keicho-Hasekura, se pone felizmente en marcha el Año Dual España-Japón.

Todavía parece que el espíritu de Tsunenaga continuó influyendo en la trayectoria de su incomparable y lejanísima “sobrina”, y el primer destino oficial de ésta fue la bellísima Isla Española, la actual República Dominicana cuyas costas pudo muy probablemente divisar el embajador de Date Masemune durante su travesía hacia España. A todo esto recuerdo la profunda y mística puesta de sol que con la embajadoraHasekura pude admirar allí desde los restos de La Isabela, el primer asentamiento español y europeo en América. Desde ese lugar, el sol, poniente, nos indicaba la ruta del embajador inmortal y la situación del país que en todo el mundo es llamado del Sol Naciente.

F. Álvaro Durántez Prados es jurista

dimecres, 18 de gener del 2012

El largo siglo XVII

TRIBUNA: Las grandes crisis de la economía española

JOSÉ ANTONIO SEBASTIÁN EL PAÍS 15/01/2012

'La rendición de Breda'
La rendición de Breda, de Velázquez, reproduce un episodio clave en la larga guerra para impedir la independencia de los Países Bajos

La Guerra de los Treinta Años sumió a Europa en una época de dificultades. En España, la recesión fue más intensa y la recuperación, más lenta. La costosa política imperial y los desajustes regionales en el crecimiento fueron básicos. Castilla se abocó a la depresión, mientras las regiones costeras se rezagaban en la explosión mercantil del litoral europeo.

Las posibilidades de que España, en la Edad Moderna, se situase en el grupo de cabeza del desarrollo económico europeo eran escasas. En un mundo donde el sector agrario aportaba el grueso del PIB, carecía por razones medioambientales (clima, orografía, calidad del suelo, vías marítimas y fluviales) de recursos óptimos para ello. Pero las restricciones naturales no explican que el país, como sucedió, estuviese lejos de aprovechar entre 1450 y 1800 el potencial de crecimiento que aquellas permitían. Dos circunstancias históricas tienen, al respecto, gran relevancia: una, los desajustes que se operaron, principalmente, entre las economías del interior peninsular y del litoral mediterráneo durante largos periodos de los siglos modernos; dos, la duración e intensidad de la recesión que devastó las regiones del interior, las más pobladas y urbanizadas a finales del siglo XVI, entre 1580 y 1650, y la extrema lentitud de la recuperación posterior, que solo culminó avanzado el siglo XVIII.

Se pasó de 37 a 22 ciudades. El interior tardó 170 años en recuperarse
La manipulación de la moneda de vellón para lograr recursos elevó la desconfianza
La deuda, que llegó al 60% del PIB con Felipe II, creció hasta la Paz de los Pirineos
Los Austrias se apoyaron en nobles y oligarcas, relegando al mundo urbano

Ambas apuntan a un largo siglo XVII, durante el cual la economía española se alejó del núcleo de Europa occidental. Hacia 1700, el escuálido aumento del tamaño demográfico y productivo de España había defraudado las perspectivas existentes en 1500 para una renovada colonización agraria de su superficie, tan vasta como poco poblada. Pese a sus dispares dotaciones de recursos, los resultados eran otros en los cuatro territorios que, junto al peninsular, registraban (exceptuada Escandinavia) las menores densidades demográficas del occidente europeo a comienzos del siglo XVI, Inglaterra y Escocia, Irlanda, Suiza y Portugal: de 1500 a 1700 estos pasaron, en promedio, de 12 a 25 habitantes por kilómetro cuadrado; España, de 11 a 15. Y al inicio del siglo XVIII, además, la posesión de inmensas colonias en América no podía compensar la desventaja que implicaba esa baja densidad demográfica (y económica). Ingleses, franceses y holandeses habían ido obstruyendo, durante el siglo XVII, el acceso a las producciones y los mercados americanos, al compás de la decadencia política y militar de la Monarquía hispánica.

La primera mitad del siglo XVII fue una época de dificultades en Europa pero, desde 1650, superado el peor periodo, coincidente con la Guerra de los Treinta Años, la recuperación se extendió y se consolidó. Arraigó entonces un proceso de concentración de la actividad económica y la urbanización en las zonas costeras. Este, impulsado por el progreso de la construcción naval, el desarrollo manufacturero y mercantil noroccidental y el incremento del comercio atlántico, convirtió a los litorales en los espacios más dinámicos de la economía europea.

En España, la intensidad de la recesión fue mayor en la primera mitad del siglo XVII y la recuperación posterior, con notables contrastes regionales, más tardía y dificultosa, lo que le impidió estar en primera línea del avance del componente marítimo de la economía occidental.

Las cifras de bautismos (ver gráfico 1) revelan que la población se redujo en todos los espacios peninsulares en algún momento del siglo XVII, pero con grandes diferencias. En el norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra), aunque la caída fue significativa de 1610 a 1630, el nivel inicial se recobró pronto y el aumento posterior supuso un crecimiento del 25% sobre aquel hacia 1700. En el área mediterránea (Cataluña, Valencia y Murcia), un descenso algo más suave y una recuperación más vigorosa propiciaron, en 1700-1709, un índice un 26% mayor que el de base.

Andalucía occidental arroja un primer contraste: tras siete decenios de estancamiento más que de declive demográfico, la posterior recuperación amplió el nivel de base un 18% hacia 1700, pero solo un 15% respecto de 1580-1589. Es el interior peninsular (Castilla y León, La Rioja, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) el que muestra diferencias más rotundas: una contracción demográfica más temprana, duradera e intensa, seguida de una recuperación mucho más lenta; el índice 100 no se recobró hasta 1720-1729, y los niveles máximos de 1580-1589 solo se rebasaron 170 años después, en 1750-1759.

La difusión del maíz en las regiones cantábricas y la de diversos cultivos comerciales en las del Levante ayudan a explicar que ambos litorales viesen crecer sus poblaciones desde 1660-1670, alza que se aceleró en las zonas mediterráneas tras la Guerra de Sucesión. Pero tales progresos tardarían mucho tiempo en compensar el desplome económico y humano del interior. La revolución agronómica que conoció el litoral septentrional no se tradujo, durante décadas, en un vigoroso proceso de urbanización y diversificación de actividades productivas.

En cuanto al litoral mediterráneo, el desencuentro era más antiguo. Entre 1480 y 1580, el periodo de auge de la corona castellana, Cataluña registró una tardía salida de la crisis bajomedieval y una modesta recuperación poblacional (en 1591, tenía 11 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad demográfica del conjunto de España en 1500), el Reino de Murcia siguió estando muy poco poblado, y el de Valencia, aunque creció más en el siglo XVI, afrontó en 1609 la sangría demográfica de la expulsión de los moriscos, el 27% de su población.

Este desencuentro, durante el siglo XVI, seguramente supuso la pérdida de notables sinergias entre el interior castellano y las áreas levantinas. En la primera mitad del XVII, el desplome de aquel y el escaso vigor de estas contribuyeron a un sensible retroceso demográfico en el momento de arranque de la economía marítima europea. Después de 1650, cuando el litoral mediterráneo pasó a ser el espacio peninsular con mayor potencial de crecimiento, las regiones del interior siguieron sumidas en una recuperación desesperantemente lenta. Y el modo pausado con que el propio Levante fue ganando peso específico, al menos hasta 1720, hizo que los efectos de arrastre en el conjunto de la economía española tardaran en adquirir fortaleza.
Las sinergias perdidas por tales desajustes en el largo plazo constituyeron un relevante factor adverso para el crecimiento económico de la España moderna. Entrado el siglo XVIII, estas disparidades acabaron propiciando un vuelco trascendental en la distribución de la población y de la actividad económica, a favor de las áreas costeras y en contra del interior, vigente desde entonces.

La trayectoria productiva de la Corona de Castilla, salvo en su franja húmeda del norte, fue muy negativa entre 1580 y 1700. Los diezmos de los arzobispados de Toledo y Sevilla (ver gráfico 2), que abarcaban la mayoría de la Submeseta Sur y de la Andalucía Bética, quizá las regiones más castigadas, revelan una intensa contracción del producto cerealista entre 1580 y 1610, la reanudación de la caída en la década de 1630, su culminación en la de 1680 y una escuálida recuperación, al final, que permitió alcanzar, en 1690-1699, los índices de 1600-1609, un 31% inferiores a los máximos de 1570-1579.

El producto agrícola no cerealista (vino y aceite, básicamente) registró un descenso aún más abrupto, sobre todo entre los decenios de 1620 y 1680, situándose en el de 1690 un 45% por debajo del de 1570. En cuanto a la evolución del producto no agrario, la aguda crisis urbana que sufrió la corona sugiere un desplome de las manufacturas y del comercio. Entre 1591 y 1700, la tasa de urbanización se contrajo una cuarta parte, y las ciudades castellanas con 10.000 o más habitantes pasaron de 31 a 18 (de 37 a 22 en el conjunto de España). Además, el peso relativo de los activos agrarios aumentó mucho en las urbes de ambas Castillas, Andalucía y Extremadura, lo que implica que la contracción de las actividades económicas típicas de las ciudades fue mayor que el propio descenso de la población urbana.

Las dañinas consecuencias de la costosísima y prolongada política imperial de la Monarquía constituyen, seguramente, el factor que más contribuyó al desplome económico castellano del largo siglo XVII. Aquellas fueron ubicuas, económicas, políticas y sociales, y actuaron tanto a corto como a largo plazo. Para mantener la hegemonía política y militar en Europa, y defender el patrimonio dinástico, los Austrias acrecentaron sus bases fiscales, elevando tributos y creando otros nuevos, a fin de ampliar su capacidad de endeudamiento.

Por ese camino, Felipe II había acumulado deudas equivalentes, a finales del siglo XVI, al 60% del PIB español, porcentaje que debió de crecer sensiblemente, al descender este y agrandarse aquellas, al menos hasta la Paz de los Pirineos de 1659.

La Corona de Castilla soportó el grueso de una escalada fiscal que, iniciada en el último cuarto del siglo XVI, cuando la economía castellana trasponía su cénit, alcanzó el suyo en 1630-1660, coincidiendo con el fondo de la depresión. Su primer crescendo, en la década de 1570, perturbó el comercio, aumentó la fragilidad de muchas economías campesinas, acosadas por el alza de la renta de la tierra, y empobreció a las clases urbanas, cuyas subsistencias ya venían encareciéndose. Imperturbables, la nobleza y el clero, total o parcialmente exentos de cargas fiscales y partícipes en las rentas reales, siguieron ingresando hasta fin de siglo abultadas rentas territoriales y diezmos, y vendiendo sus frutos a precios crecientes, con lo que se acentuó un intenso proceso de redistribución del ingreso en contra de la mayoría de los castellanos. Cuando las cosechas cayeron abruptamente en las décadas de 1580 y 1590, descenso propiciado por un cambio climático desfavorable que se sintió en toda Europa, las vías hacia la recesión y la contracción demográfica quedaron expeditas.

Desde 1600, los perniciosos efectos de la política imperial se multiplicaron por varios caminos.

- La escalada fiscal dependió de impuestos que gravaban el tráfico comercial y el consumo, recaudados por las autoridades municipales (en 1577, aportaron la mitad de los ingresos tributarios de la Monarquía; en 1666, el 72%). En núcleos pequeños, el recurso a repartimientos, según el número de yuntas o el volumen comercializado por vecino, perjudicó singularmente a los labradores que poseían las explotaciones más productivas y orientadas al mercado. En ciudades y villas, donde las cargas tributarias tendieron a concentrarse, la proliferación de exacciones sobre el consumo, especialmente de vino, aceite y carnes, deprimieron la demanda de tales artículos, ya menguante por el descenso demográfico y la concentración en el pan del gasto en alimentos efectuado por unos consumidores con menos medios. Ello, como muestra el gráfico 2, potenció orientaciones productivas contrarias a las actividades agrícolas y ganaderas más productivas, rentables y mercantilizadas, favoreciendo el cultivo de cereales, que ganó peso relativo, y el autoconsumo. Las manufacturas urbanas, por su parte, con su demanda deprimida por el desplome de las ciudades y el empobrecimiento de sus habitantes, afrontaron, al encarecerse numerosos productos básicos, la consiguiente tendencia al alza de los salarios.

- La Monarquía presionó a las haciendas municipales imponiendo donativos y servicios extraordinarios con creciente frecuencia, y la compra, obligada para evitar que cayesen en otras manos, de jurisdicciones y baldíos enajenados del patrimonio real. Aquellas se endeudaron y promovieron dos arbitrios muy dañinos: el despliegue de una fiscalidad propia, añadida a la regia mediante recargos locales de los tributos que gravaban el consumo, y el arriendo o venta de notables porciones de tierras municipales, hasta entonces de aprovechamiento comunal. Lo uno avivó la escalada fiscal y lo otro, al encarecer el sostenimiento del capital animal de las explotaciones agrarias, entorpeció aún más su desenvolvimiento. Estas, pese al fuerte descenso de la renta de la tierra desde 1595 o 1600, no salieron de su postración. Ello evidencia el radical empobrecimiento de muchos campesinos, y sugiere que, si la caída de las rentas territoriales (exigidas en trigo y cebada), pese a su magnitud, guardó proporción con la del producto cerealista, estas conservaron parte de su potencial para bloquear la recuperación del cultivo durante mucho tiempo.

- La almoneda del patrimonio regio y la presión sobre las haciendas locales tuvieron otra vertiente: lograr la colaboración de la nobleza y, más aún, de las oligarquías municipales para movilizar el descomunal volumen de recursos requerido por la política imperial. A nobles e hidalgos, la Monarquía les pagó desprendiéndose de rentas, vasallos, jurisdicciones y cargos, lo que reforzó el poder señorial. A las oligarquías locales, consintiendo que aumentasen su poder político, su autonomía en asuntos fiscales y su control sobre los terrenos concejiles; así, sus miembros lograron que sus patrimonios eludiesen la escalada fiscal e, incluso, consiguieron ampliarlos con comunales privatizados.

- A cambio del apoyo de las élites, los Austrias renunciaron a ampliar su autoridad, y ello tuvo dos efectos adicionales de capital importancia.

De un lado, una fiscalidad más heterogénea y una soberanía más fragmentada, con más agentes con prerrogativas para intervenir en los mercados y los tráficos, incrementaron los costes del comercio y bloquearon la integración de los mercados en el ámbito de la corona. En este sentido, el enésimo arbitrio de los Austrias para allegar recursos, la manipulación de la moneda de vellón, que perdió toda la plata que contenía y fue sometida a bruscas alteraciones de su valor nominal, generando correlativas oscilaciones de los precios, hizo más incierto el comercio y hundió la confianza en el signo monetario.

De otro, el progresivo control de la nobleza y las oligarquías locales sobre las tierras concejiles, la mayor reserva de pastos y suelos cultivables, aumentaron su interés por el ganado lanar, especialmente desde 1640, cuando volvieron a crecer los precios de las lanas exportadas. Grupos poderosos con intereses distintos (fuese participar en el negocio ganadero o restaurar los niveles de las rentas territoriales) hallaron entonces un objetivo común: obstaculizar el acceso de los campesinos y sus arados a dicha reserva de labrantíos. Ya entrado el siglo XVIII, cuando la población castellana se fue acercando a los máximos de 1580, este frente antirroturador constituyó un freno de primer orden a la expansión del cultivo.

En suma, las múltiples y destructivas secuelas de la política exterior de los Austrias que las regiones castellanas padecieron entre 1570 y 1660, ahondaron y prolongaron la depresión, primero, y obstaculizaron después, durante décadas, la recuperación. Esa política originó una formidable succión de recursos que dañó principalmente a los labradores acomodados, los artesanos y los comerciantes, a las actividades productivas más mercantilizadas y al mundo urbano, reorientando a la economía castellana por un rumbo poco propicio para el crecimiento económico. Hacia 1700, apenas se atisbaban signos de recuperación en los campos y ciudades del interior, los más esperanzadores se habían desplazado hacia el Norte y el Mediterráneo, y el grupo de cabeza de la economía europea estaba un poco más lejos.

Este apretado recorrido por la España del siglo XVII ofrece dos lecciones de actualidad. Una, que no hemos aprendido, subraya la conveniencia de mantener separados megalomanía y gasto público. La otra, que quizá aún podamos atender, concierne al reparto social del coste de las crisis económicas. La negativa de los más ricos y poderosos a soportar una parte proporcional a sus recursos, no solo atenta contra la justicia (o el bien común, en términos del siglo XVII); también deprime la economía. El incremento de la desigualdad, en solitario, no estimula el crecimiento; únicamente generaliza la pobreza. Y ambos juntos pueden alargar una recesión y bloquear por largo tiempo la recuperación posterior.

José Antonio Sebastián Amarilla es profesor titular de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid

dilluns, 11 d’abril del 2011

80 años de la Segunda República: La democracia destruida

 
 Manuel Azaña, presidente de la República, en un acto público
 
Fuente: http://www.larazon.es/noticia/2425-la-democracia-destruida 8 Abril 11  Stanley G. PAYNE

La Segunda República, concebida como «República democrática», ha inspirado uno de los mitos más durables del siglo veinte.  Han fracasado los mitos del leninismo, trotskismo, fascismo, maoísmo, castrismo y muchos otros, pero el de la Segunda  República sigue vigente en el nuevo siglo, por lo menos en el discurso del señor Zapatero. En cambio, Javier Tusell, el gran maestro de la historia política española contemporánea, ha definido ese régimen como «una democracia poco democrática».  Si eso es cierto –y lo es–, entonces este mito, como muchos otros, no refleja toda la verdad.

Analizando la historia de esa experiencia política, es indispensable distinguir entre los dos lados de la moneda: lo que había de democrático en la República y la progresiva destrucción de la democracia. En cuanto al primero, parece evidente que el régimen político que gobernó desde el mes de abril de 1931 hasta febrero de 1936 fue esencialmente democrático, parlamentario y constitucional. Como muchos otros, sufría de varias lacras, empezando por sus orígenes peculiares. La coalición republicana trató primero de tomar el poder a través de un pronunciamiento militar en diciembre de 1930 (que fracasó totalmente); técnicamente no ganó las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, conquistó el poder a través de la acción directa en las calles, combinado con las amenazas (una suerte de «pronunciamiento pacífico»), durante los días siguientes, y nunca celebró ninguna clase de plebiscito o referéndum democrático.  A pesar de todas estas taras de origen, la gran mayoría de la opinión pública en España aceptó su legitimidad, que así por varios años no pudo ser cuestionada.

La deslealtad socialista


La práctica de la democracia fue a veces «poco democrática», en la frase de Tusell, con una Ley para la Defensa de la República draconiana, suspensiones de las garantías constitucionales con gran frecuencia y muchísima censura, violencia política y acoso y coacción en las campañas electorales.  Además sufría a manos de una ley electoral enormemente desproporcionada, y tanto o más de la constante intromisión y manipulación por parte del presidente, Niceto Alcalá-Zamora, a quien la Constitución dio un poder que le permitía hacer y deshacer gobiernos a su antojo. Sin embargo, durante casi cinco años fue un régimen democrático, o tal vez semidemocrático.

La destrucción de la democracia republicana fue un proceso largo y progresivo, que se aceleró en los últimos meses del régimen. No empezó con las tres insurrecciones revolucionarias anarquistas en 1932-33, porque éstas recibieron un apoyo solamente de  los comunistas y nunca representaron una amenaza a la estabilidad. El primer paso fue el rechazo unánime de parte de las izquierdas de los resultados de las elecciones a Cortes de noviembre de 1933, las primeras elecciones completamente libres y democráticas en la historia de España hasta noviembre de 1977. No alegaron que las elecciones no habían sido libres y justas, sino que rechazaron terminantemente la victoria parcial de las  derechas (la CEDA), insistiendo en nuevas elecciones en unas condiciones en las que pudieran ganar. Aunque estas demandas fueron denegadas por Alcalá -Zamora, no constituyeron más que el primer paso.  Seis meses más tarde, se especulaba con otro intento de «pronunciamiento pacífico» de las izquierdas, aprovechándose de una huelga general y el poder de la Esquerra en la Generalitat, pero no pudo ser llevado a cabo. 

El segundo punto de inflexión llegó con la insurrección revolucionaria de los socialistas y sus aliados en octubre de 1934, pero esto tampoco consiguió la destrucción de la democracia. El Gobierno constitucional sobrevivió y gobernó con la ley durante más  de un año.  A pesar de la campaña masiva de las izquierdas y el Comintern sobre la  represión en España, que trataba de resucitar la imagen de la Leyenda Negra, los términos de la represión fueron en realidad los más blandos comparándolos con los empleados en cualquier país europeo contemporáneo que hubiera sufrido una rebelión revolucionaria seria. (La total ineficacia de una represión blanda fue uno de los factores que convencieron a los militares sublevados en 1936, que debían imponer su propia represión mortífera y sin piedad). Luego la República en pocos meses otorgó a todos los partidos insurrectos una libertad total para tratar de ganar en las urnas lo que no habían conseguido por la violencia.

Fue entonces cuando empezó el proceso directo y continuo de la destrucción de la democracia.  Los motines, coacciones y destrucciones que se sucedieron tras las nuevas elecciones  –16 de febrero de 1936– alteraron los resultados en doce provincias y convirtieron un empate en las urnas en una victoria del nuevo Frente Popular.  Luego, bajo los Gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, en los cinco meses siguientes, tuvieron lugar el largo elenco de actos ilegales y violentos, absolutamente sin parangón en la historia de cualquier democracia europea en tiempo de paz  internacional: el fraude electoral, miles de detenciones políticas arbitrarias, la violencia política contra personas, la ola de grandes huelgas violentas y destructivas, el masivo incendio de iglesias, centros derechistas y propiedades privadas, la ocupación ilegal de tierras, la  politización de las fuerzas de seguridad y de los tribunales, la censura frecuente y caprichosa, el cierre arbitrario de las escuelas católicas (y también de iglesias en algunas provincias), la incautación de iglesias y propiedades del clero, la disolución arbitraria de organizaciones derechistas y la impunidad ante los actos criminales de muchos  miembros de los partidos del Frente Popular.

Especialmente notable fue el proceso de degeneración y pérdida de la legitimidad  electoral, que pasó por varias fases.  Primero tuvieron lugar los disturbios y coacciones ya citados, que alteraron los resultados de las elecciones a Cortes en doce provincias.  Dos semanas más tarde, hubo presiones y ataques durante la segunda vuelta. La tercera fase la constituyó, en el mes de marzo, el expolio hecho por la Comisión de Actas de las Cortes, que entregó a las izquierdas 32 escaños que habían sido ganados por las derechas. En mayo, se suspendió la total participación de las derechas en las elecciones fraudulentas en Cuenca y Granada. Era evidente que la democracia electoral había sufrido un eclipse total. 

La inevitable guerra

Sin embargo, a pesar de todos estos hechos, la guerra civil tuvo que esperar.  Las derechas habían perdido todo poder político y los militares desafectos aguantaron, aunque no por mucho tiempo. La verdad parece ser que finalmente llegó a ser inevitable solamente por la deliberada política del Gobierno, primero, y por los socialistas, en segundo lugar, que trataban de provocar directamente una sublevación.  Tanto el Gobierno como los  socialistas creían que sería una rebelión débil y fácilmente aplastada. Casares Quiroga  pensaba que tendría el efecto de fortalecer el Gobierno, mientras los socialistas de Largo Caballero creían que la crisis provocada sería el modo más directo para dar vía libre al  proceso revolucionario y permitirles hacerse con el poder.  Los socialistas no se equivocaron totalmente, pero su proyecto se limitaría a poco más que la mitad de un país en guerra, y la nueva República sería  un régimen revolucionario y violento. La democracia ya había desaparecido antes, y su muerte fue la verdadera causa de la Guerra Civil.

Alfonso XIII, un rey en el exilio

«Quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil», dice Alfonso XIII, el día que abandona España y se proclama la República. Tres coches viajan desde el Palacio de Oriente a Cartagena. Allí, en el crucero «Príncipe Alfonso» salía el Rey de Cartagena hacia Marsella. Una vez en Francia, no es consciente de lo que ha pasado y cree que la República se disolverá más antes que después. Pasa el exilio en varios lugares y aunque apoya el levantamiento, pronto se da cuenta de que ya no cuentan con él.

Muere en Roma en 1941.

dissabte, 9 d’abril del 2011

Controversias sobre el final de la Guerra Civil


Manuel Álvarez Tardío
PROFESOR TITULAR DE HISTORIA POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
nº 172 · abril 2011
Ángel Viñas (dir.)
AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA. DIPLOMÁTICOS Y GUERRA CIVIL
Marcial Pons, Madrid 560 pp. 28 €
Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez
EL DESPLOME DE LA REPÚBLICA
Crítica, Barcelona 696 pp. 22,90 €
Pablo de Azcárate
EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA. CON NEGRÍN EN EL EXILIO
Crítica, Barcelona 504 pp. 29,90 €

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Los tres primeros meses de 1939 fueron, como es sabido, la recta final de la guerra civil española. Una vez que las tropas franquistas avanzaron rápidamente por el nordeste, tomando primero Barcelona y luego el resto de Cataluña, la suerte estaba echada. A la debacle militar se sumó la dimisión del presidente de la República, Manuel Azaña, desde hacía días en territorio extranjero, y el reconocimiento de la España franquista por parte de los gobiernos francés y británico. Podía pensarse que sólo faltaba saber cómo y cuándo iba a producirse la capitulación. Pero esta incógnita no era algo menor. Encerraba todavía algunos asuntos de no poca importancia, como el hecho de que miles de personas que habían colaborado o luchado del lado republicano estaban expuestas a las represalias de los vencedores. Es decir, estaba por ver en qué medida lo que quedaba de la autoridad republicana era capaz de coordinar y dirigir los últimos pasos de la guerra, bien a través de la rendición o mediante una improbable lucha a la desesperada para no mostrar al enemigo más debilidad de la que ya era patente.

Como venía anunciándose desde antes de la caída de Cataluña, las disensiones internas en el bando republicano hicieron de esas semanas un período singular y sorprendentemente conflictivo. No era para menos en una situación en la que no sólo estaba perdiéndose definitivamente la guerra sino que quienes estaban perdiéndola hacía tiempo que tenían opiniones enfrentadas sobre la actuación de su gobierno y el sentido de la influencia comunista en el mismo. Fue durante la primera quincena de marzo cuando se produjo una rebelión en la zona todavía controlada –si es que puede utilizarse este término– por el Gobierno de Negrín, cuando el coronel Segismundo Casado, apoyado por una coalición de representantes socialistas y anarquistas, tomó el poder y formó un Consejo Nacional de Defensa en Madrid. Este Consejo, del que formaba parte el socialista anticaballerista Julián Besteiro, se arrogó todo el poder en lo que quedaba de la España republicana, justificando su acción contra Negrín, por lo que los «casadistas» consideraban como equivocada e intransigente la posición de aquél a favor de la resistencia y su subordinación a los dictados de los agentes y mandos militares comunistas. Poco antes se habían sucedido también actos violentos en la ciudad de Cartagena y la flota republicana había dejado de responder a la autoridad del Gobierno. Paradójicamente, cuando estaba en juego poner a buen recaudo a miles de personas antes de que las tropas franquistas ocuparan las últimas posiciones republicanas, quienes debían garantizar ese proceso terminaron enzarzados en una lucha que todavía hubo de costar varios cientos de vidas más.

El debate historiográfico sobre estos dramáticos episodios ha sido muy sustantivo. Todo esto se enmarca, además, dentro de un análisis más amplio sobre cuestiones que dieron lugar a decenas de escritos tanto por parte de protagonistas como de investigadores de diversa condición y calidad: la evolución de la estrategia militar republicana, el peso de los comunistas en el Gobierno de Negrín y la dependencia o autonomía de este último respecto de la política exterior soviética, las relaciones entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la República, los enfrentamientos dentro de la familia socialista, las misiones en el exterior para conseguir alguna forma de paz negociada, la responsabilidad de unos y otros en la represión violenta ejercida dentro de la zona republicana, etc.


Algunos autores tienden a presentar este debate como una pugna entre posiciones «franquistas», «neofranquistas» o «posfranquistas», de un lado, y quienes adoptan una postura profesional, académica y honesta, de otro. Sin duda, la simplificación tiene algo de verdad, pero resulta ridícula en muchos casos y tiene, a mi juicio, un efecto paralizante sobre lo que a todos debería preocuparnos: el progreso de la ciencia histórica y un conocimiento razonablemente sólido del pasado. Por otro lado, reproduce de forma un tanto sospechosa el mismo despreciable empeño franquista en no dar por terminada la guerra. Forma parte, además, de esa manía, quizá no tan privativa de los españoles como algunos dicen, de colocar etiquetas ideológicas a quienes sostienen posiciones contrarias, técnica útil para ahorrarse tener que valorar racionalmente la calidad de los argumentos y las fuentes esgrimidas por el otro, como si esto último no fuera lo verdaderamente relevante.


Muchos autores han contribuido en las últimas décadas al debate sobre el Gobierno de Negrín, los comunistas y el desarrollo de la guerra en sus últimos episodios. Algunos lo hicieron con fuentes demasiado parciales, alcanzando a veces juicios que sólo se sostenían con buenas dosis de compromiso ideológico y no poco simplismo, abandonándose a esa historia triste y sospechosa en la que sólo existen negros y blancos, destinada a reforzar mitos partidistas. En ellos se apoyan muy a menudo algunos polemistas muy prolíficos cuyo objetivo, hoy por hoy, no parece la Historia con mayúsculas sino el sermón y la militancia.


Otros han participado de ese debate con resultados siempre discutibles por la materia que se trata y por la debilidad a veces de las fuentes disponibles, pero con metodologías transparentes y afanes científicos. Se han enfrentado, ciertamente, a la complejidad de una materia que remite, al final, a una cuestión capital para la historia política de España en el siglo XX: el trasfondo de la lucha entre los bandos enfrentados en la Guerra Civil y, por tanto, los motivos y propósitos de unos y otros en esa contienda, en el marco además de una trágica guerra civil europea de marcado carácter ideológico. En ese sentido, la poca permeabilidad de ciertos ámbitos de la historiografía española a aquellos planteamientos críticos y bien razonados sobre la condición y características del antifascismo español ha sido bastante negativa, sobre todo porque ha bloqueado todo análisis que, a juicio de los censores, pudiera arrojar dudas sobre las credenciales democráticas de muchos de los vencidos y sus propósitos modernizadores.


En cualquier caso, las investigaciones sobre el devenir de la política en el bando republicano durante la guerra no han hecho sino crecer y con resultados, a mi juicio, positivos. Así, por lo que se refiere al llamado «problema Negrín», no cabe duda de que las últimas biografías publicadas por Enrique Moradiellos, Gabriel Jackson y Ricardo Miralles confirman ese diagnóstico. Hoy cualquier lector interesado puede saber mucho más que hace diez años sobre las ideas y acciones de Negrín en la coyuntura trágica del bienio 1937-1939. Desde los años noventa es posible «un entendimiento más objetivo de la relación entre Negrín y los soviéticos», como señalaba Stanley G. Payne en esta misma revista, quien por lo demás reconocía que, gracias a esto, él mismo había cambiado su «valoración» de la política de aquél1. El propio Enrique Moradiellos ha contribuido sustantivamente a mejorar nuestra comprensión de ese período mediante rigurosas investigaciones sobre la posición británica durante la Guerra Civil. Y en el asunto capital de la influencia comunista y la ejecutoria del gobierno de Negrín, simplemente contrastando lo que Payne escribió en su Unión Soviética, comunismo y revolución en España (2003) con lo que Moradiellos analizó en el capítulo 4 de su Don Juan Negrín (2006), cualquiera podía hacerse una idea bastante cabal del debate. Y esto por no hablar de otros cuantos libros de referencia por completo imprescindibles.


Negrín y su presidencia de gobierno durante la guerra (mayo de 1937-marzo de 1939) es, precisamente, el eje en torno al que se articulan los tres libros objeto de esta reseña. De forma más clara y precisa en el primero, El desplome de la República, pero también en los otros dos, especialmente en los escritos de Pablo de Azcárate, porque éste fue, sin duda, una de las personas más cercanas a Negrín durante la posguerra.


La controversia sobre el papel de Negrín en las últimas semanas de la guerra, sobre todo desde la caída de Cataluña hasta el golpe de Casado, es el objeto fundamental de estudio del libro escrito por Ángel Viñas y Fernando Hernández Sánchez. Este trabajo viene a complementar los tres estudios anteriores del primero2. Al igual que aquéllos, tiene una línea argumental de defensa a ultranza de la figura de Negrín y de negación de lo que de forma casi obsesiva los autores consideran las mentiras de la historiografía conservadora, franquista o no, principalmente la idea de que Negrín acabara siendo un instrumento de la política estalinista. El libro, sin duda, tiene una importante base documental, alguna ya ampliamente investigada por otros autores, pero presume de ser resultado sobre todo de la revelación y el análisis de un documento elaborado a modo de informe para Stalin después de la guerra, en una especie de copia y pega de otros informes previos o ad hoc de comunistas cercanos al poder durante la guerra, tales como Pedro Fernández Checa, Jesús Hernández, Félix Montiel, Francisco Ciutat o Artemio Precioso, aparte de otras figuras como la del general Antonio Cordón. Así se elaboró lo que los autores denominan «una reflexión colectiva, aunque no necesariamente coordinada» a la que, si bien no niegan «una sustancial carga autojustificativa» (p. 59), sin embargo le dan no pocas veces un tratamiento de fuente imparcial.


Es difícil sintetizar la gran cantidad de cuestiones que se plantean en este trabajo, pero a mi juicio hay tres aspectos capitales en la argumentación. El primero es la negación de que Negrín fuera manipulado en el «desplome» de la República por los comunistas, a quienes los autores consideran un poder en declive en ese momento. El segundo es un ajuste de cuentas particularmente feroz contra aquellos que se enfrentaron a la política del Gobierno de Negrín y respaldaron el golpe de Casado, al que se acusa –a mi juicio de forma impropia en un trabajo científico– de traidor y «embustero consumado», compinchado con los quintacolumnistas y empeñado en justificar como rebelión anticomunista lo que a decir de los autores no fue otra cosa que una acción violenta injustificada destinada solamente a salvar a unos cuantos de lo que se avecinaba con la llegada de los franquistas. Este ajuste de cuentas inmisericorde incluye, también, una cruda reflexión sobre Besteiro –los autores, tras extractar su intervención en la Comisión Ejecutiva del PSOE en noviembre de 1938, consideran una «conclusión lógica» que Besteiro «extremó su diagnóstico hasta llegar a preferir el triunfo de Franco»– y el resto de socialistas casadistas a los que, como a Casado, se atribuye la responsabilidad de haber impedido lo que a juicio de los autores deseaba Negrín: facilitar una evacuación relativamente ordenada de miles de personas que de resultas del golpe de Casado quedaron a merced de los «nacionales».


El tercer aspecto está directamente relacionado con lo anterior. Viñas y Hernández, sin aportar a mi juicio mucho más de lo ya señalado por Moradiellos, recalcan un hecho para ellos capital en este asunto: Negrín no deseaba una resistencia a ultranza, movido en esto por intereses comunistas, sino que, como muestran algunos de los documentos enviados a Martínez Barrio tras la dimisión de Azaña, sólo quería tratar de ganar tiempo para facilitar la evacuación, evitando dar la sensación de que únicamente cabía la posibilidad de rendirse sin condiciones. Los autores se apoyan en la evidencia de documentos diplomáticos para mostrar que, si bien Negrín podía estar equivocado, no había ningún fundamento para pensar que con una rendición inmediata e incondicional el otro bando fuera a comportarse con humanidad y compasión. Este tercer aspecto, junto con el peso de los comunistas en el ejército y su influencia y/o control sobre Negrín es el asunto más importante del libro, evidentemente el más debatido por los protagonistas, primero, y la historiografía, después. Viñas y Hernández son particularmente combativos en esta materia, empeñados en colocar etiquetas ideológicas a prácticamente todos los autores que con anterioridad han escrito sobre este tema y no han llegado a sus mismas conclusiones. Y esto incluye, de forma ciertamente reiterativa, a Stanley G. Payne. Este último, desde luego, no ha compartido la visión de los autores sobre Negrín, del que ha escrito que fue «quien llegó más lejos a la hora de tener en cuenta el nuevo tipo de régimen» en que podía convertirse una república victoriosa bajo influencia comunista. Pero Viñas y Hernández no parecen haber leído las conclusiones del autor norteamericano en las que aseguraba que, pese a lo dicho por Dimitrov en 1947 («España fue el primer ejemplo de una democracia popular»), para él estaba claro que la República española durante la guerra, y especialmente durante el Gobierno de Negrín, si bien dejó de ser una democracia, «no constituía exactamente el tipo de régimen posteriormente establecido por los soviéticos en la Europa del Este», primero porque los comunistas consiguieron predominar en el ejército pero no controlarlo «íntegramente»; segundo porque no hubo proceso de unificación partidista bajo las siglas del Partido Comunista de España, y tercero porque la política de «control estatal y nacionalización favorecida por los comunistas nunca se pudo llevar a cabo». La República «revolucionaria» dejó de ser una democracia, escribió Payne, pero «siguió siendo semipluralista» y no llegó a ser una democracia popular estalinista.


Ciertamente, Viñas y Hernández aportan un análisis que, a pesar de estar demasiado sesgado por el peso de las fuentes primarias de los propios comunistas, revela importantes aspectos para reconducir la valoración integral de la pugna entre quienes apoyaron a Negrín y quienes se pusieron del lado de Casado. Ahora bien, llama la atención que, a diferencia de otros trabajos anteriores, no se enmarque la investigación en un análisis más de conjunto que tenga presente una valoración global de lo que representaba no ya Stalin, al que no se dedican los adjetivos que merece Casado, sino la posibilidad de una «democracia» republicana victoriosa fuertemente influida por los comunistas. Esto es así, a mi juicio, porque este libro presenta dos grandes problemas. El primero es la ausencia de toda consideración sobre lo que cada uno de los protagonistas de esos trágicos momentos del invierno de 1938-1939 pensaban sobre la democracia, la revolución y el pluralismo ideológico, una ausencia que se debe, sin duda, a un prejuicio en virtud del cual todos aquellos que luchaban contra los franquistas estaban protagonizando una batalla contra el fascismo que era extensión de la librada pacíficamente entre 1931 y 1936 y que tendría su continuación, pese a la ceguera francobritánica, después de la propia guerra española.


El segundo es la sorprendente falta de permeabilidad de los autores a lo que algunos historiadores profesionales y rigurosos han venido publicando en los últimos quinquenios acerca de la debilidad de las convicciones democráticas de muchos de los que supuestamente defendían la República de 1931. En ese sentido, provoca perplejidad que los autores consideren el «anticomunismo» de muchos socialistas y republicanos como una mera pantomima autojustificatoria e, incluso, que lleguen a afirmar cosas como que para hacer una «aproximación desprejuicida» [sic] a la historia del Partido Comunista de España debemos considerar que se trataba de «un partido que se reclamaba de la Revolución (con mayúscula) pero que, al tiempo, se convirtió en un sólido baluarte de la defensa del republicanismo progresista fundacional». Aunque, por otro lado, nada de esto es sorprendente si atendemos al hecho de que los autores consideran que después del 16 de febrero de 1936 el gobierno del Frente Popular no hizo otra cosa que «reemprend[er] más vigorosamente» las «medidas reformadoras, modernizadoras y democratizadoras» del primer bienio republicano.
Esto se explica, en todo caso, porque este libro, a diferencia del análisis de otros autores como Payne o François Furet, se muestra radicalmente contrario a la interpretación de la guerra española como una guerra ideológica entre revolución y contrarrevolución, para considerarla sin más como el primer episodio de la lucha europea contra el fascismo. De ahí que la Unión Soviética nunca aparezca en el libro como un actor con intereses y estrategia propios, y no precisamente democráticos y liberales, ligados por lo demás a un dirigente que, como Stalin, presidía en esos momentos, el bienio 1936-1938, un programa de limpieza de «elementos antisoviéticos» que incluía decretos como el 00447, en virtud del cual se decidía automáticamente la ejecución de más de sesenta mil personas y el envío a campos de trabajo de casi doscientos mil más3.
Por otro lado, en un esfuerzo encomiable por dar a conocer nuevos documentos e investigaciones, el profesor Viñas es responsable también de otros dos libros de gran interés. El primero es la edición de un manuscrito inacabado de Pablo de Azcárate sobre los años del exilio. De Azcárate se publicaron en los años setenta unas importantes memorias sobre su actuación a la cabeza de la diplomacia republicana en Londres durante una buena parte de la guerra. Ahora podemos leer estas interesantes reflexiones que Viñas reconoce haber tenido que «pulir a fondo», incluso «reescribir», y que vienen a aportar nuevos elementos para analizar las profundas divisiones que afectaron a los republicanos y socialistas en el exilio. Azcárate, un hombre formado en el institucionismo y que había logrado responsabilidades de gran importancia en la Sociedad de Naciones del período de entreguerras, mantuvo una estrecha relación con Negrín después de la derrota y su testimonio resulta, con relación al exilio, de indudable valor.
En cuanto al segundo, se trata de una compilación de trabajos sobre las principales misiones diplomáticas durante la Guerra Civil al servicio de la República. Aparte de los argumentos señalados en la presentación por el director del volumen, Ángel Viñas, seis capítulos se encargan de estudiar lo ocurrido en las embajadas españolas en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Checoslovaquia y México, más un capítulo específico sobre la carrera diplomática y el Ministerio de Estado en los años treinta. Casi todos los textos contienen análisis interesantes y bien estructurados, pero destaca, por la importancia que tuvo para el transcurso de la guerra y la defensa militar de la República, el análisis de lo ocurrido en Londres, París y Washington, a cargo de Enrique Moradiellos, Ricardo Miralles y Soledad Fox, respectivamente. Moradiellos, reconocido especialista en la materia, sintetiza muy bien las luces y sombras de la misión diplomática en Londres, mostrando que, por diferentes razones, la postura británica fue inflexible desde un principio. Ahí sale a relucir nuevamente Pablo de Azcárate, quien una vez asumida la imposibilidad de modificar la opinión del gobierno conservador británico, dedicó sus esfuerzos a la misión en París. Como muestra el texto de Miralles, la posición francesa no fue tan firme ni precisa, experimentando importantes variaciones y mostrando una mayor permeabilidad a la presión española, aunque finalmente pendiente de las orientaciones británicas. El caso norteamericano es algo diferente, en la medida en que allí contaban factores de política interna muy específicos. Resulta llamativo, en todo caso, que en las tres embajadas se dieran situaciones similares: primero el hecho de que en todas ellas los altos cargos de la diplomacia española no se mostraran proclives a representar al Gobierno de la República después del 19 de julio, y segundo, que ni Azcárate ni De los Ríos, en los casos de Londres y Washington, consiguieran algo más que impulsar pequeñas victorias en el terreno de la opinión pública, pero fracasaran abiertamente a la hora de convencer a los gobiernos de ambos países de que la República en guerra no era un instrumento del comunismo y luchaba, como sostiene Viñas, en lo que no era sino el primer capítulo de la larga y dura guerra contra el fascismo en Europa. 

1. El «problema Negrín» y la cita, en Stanley G. Payne, «El problema Negrín», Revista de Libros, núm. 151-152 (julio-agosto de 2009), pp. 9-11, a propósito de los libros de Gabriel Jackson y Ricardo Miralles sobre Negrín.
2. La soledad de la República, El escudo de la República y El honor de la República, reseñados por Gabriel Jackson, «Una trilogía histórica magistral», Revista de Libros, núm. 154 (octubre de 2009), pp. 7-10.
3. Robert Service, Camaradas. Breve historia del comunismo, trad. de Javier Guerrero, Barcelona, Ediciones B, 2009, p. 219.

dijous, 16 de setembre del 2010

"Hoy no es ayer" de Santos juliá. Nuestro conflictivo siglo XX

Santos Juliá acaba de publicar un libro inteligente, polémico y de gran valor cívico. Se comprende que haya recibido tantos y tan iracundos ataques de los maniqueos que no aceptan la complejidad del pasado



JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO EL PAÍS 16/09/2010

Para describir el mundo académico no hay metáfora más engañosa que la de la torre de marfil. Porque debates aparentemente teóricos entrañan con frecuencia riesgos muy reales. Esto lo han sabido de sobra, por ejemplo, en la España de los últimos 30 años, quienes intentaban plantear en términos racionales el tema del nacionalismo ante ambientes nacionalistas; sus palabras podían terminar en amenazas físicas, rupturas de viejas amistades u ostracismo. La tensión, últimamente, se concentra alrededor de la llamada "memoria histórica". Escribir sobre la República, la Guerra Civil, el franquismo o la Transición, es algo que uno no debe hacer sin palparse antes la ropa. Porque puede muy bien ocurrir que termine siendo declarado traidor a alguna causa sagrada.

Ni la República fue prematura ni su fracaso estaba escrito ni la Guerra Civil era inevitable
En la Transición hubo muchos pactos, pero no "de silencio", otro tópico que Juliá rebate

Viene todo esto al caso del libro recién publicado Hoy no es ayer, firmado por Santos Juliá. Como dice su subtítulo, es un conjunto de ensayos sobre la España del siglo XX. Pero no es, como uno sospecharía de una recopilación de este tipo, una amalgama de escritos dispersos, escasamente relacionados entre sí. Por el contrario, lo que destaca en el volumen es su coherencia. Hay una tesis central, compleja, que recorre todas sus páginas y que cada uno de los artículos reformula y desarrolla con notable concordancia con el anterior.
Intentaré resumir la interpretación que Juliá ofrece sobre la España del siglo XX, aun sabiendo que sintetizarla en unas líneas es traicionarla. Sobre sus tres primeras décadas, la tesis inicial -poco novedosa para quienes hayan seguido a los historiadores económicos recientes, pero sí para quienes sigan alimentándose de lo que escribieron los cultivadores del género "problema de España"- es que entre el 98 y la República el país experimentó un fuerte crecimiento económico y enormes cambios sociales y culturales. Los datos sobre demografía, industrialización, alfabetización, urbanización, secularización o incorporación de la mujer al mundo laboral son espectaculares; un solo ejemplo: la población activa en el sector primario pasó de un 70% en 1900 a un 45% en 1930 (pese a lo cual, el producto agrario casi se duplicó); en una generación, la economía española dejó de ser abrumadoramente agraria.

Este dinamismo económico y cultural contrastó con la rigidez de las estructuras políticas, pues el parlamentarismo restrictivo y falseado heredado del XIX se resistió a evolucionar. De ahí los conflictos, agravados por la desgraciada intervención de Primo de Rivera -y Alfonso XIII- en 1923 y culminados en la Guerra Civil. Conflictos que no se debieron a la miseria, el atraso, la ignorancia y la opresión propios de una sociedad arcaica, como tantas veces hemos oído, sino al desfase entre una España urbana, laica y moderna y un sistema político pensado para un mundo rural regido por caciques y párrocos. La República, pues, no llegó antes de tiempo, o a un país "inmaduro", tópico que Juliá desmiente. Se adecuaba perfectamente a esa España urbana y vanguardista (la de Lorca, Dalí y Buñuel, para entendernos) que puede, eso sí, que despreciara más de la cuenta la fuerza que aún tenía el mundo provinciano ajeno a los cambios y temeroso ante ellos.

Si, para el autor, la República no fue prematura, se entiende que tampoco esté de acuerdo con que su fracaso estaba escrito y que la Guerra Civil era inevitable. Ni aquella España era tan subdesarrollada e inculta como se nos ha dicho ni es necesariamente imposible la convivencia democrática en una sociedad de ese tipo; creerlo así es un determinismo socioeconómico tan insostenible como su paralelo, el de los desarrollistas, para quienes, a partir de un determinado nivel de renta y cierto grosor de las clases medias, la democracia emerge de forma automática. No. Juliá arguye que el triste final de la República se debió a problemas institucionales (la Ley Electoral, por ejemplo, que fomentó la fragmentación -peor que la polarización-) y a rivalidades y errores políticos cuyos autores tienen nombres y apellidos. Como los tienen los responsables directos de la Guerra Civil, que fueron quienes planearon y ejecutaron el golpe militar de 1936, fracasado en principio y convertido en larga guerra tras el paso del Estrecho por las tropas coloniales y el funesto reparto de armas a los radicalizados sindicatos -al "pueblo"- por parte del Gobierno.

La obra se detiene en cada uno de estos problemas con detalle, como discute a continuación otros temas de similar interés y complejidad, que aquí solo cabe enunciar telegráficamente: la naturaleza de la Guerra Civil (lucha de clases, guerra de religión, choque de nacionalismos); su presentación propagandística, por uno y otro lado, como guerra nacional contra la invasión extranjera; la definición del régimen resultante (¿fascismo o simple dictadura clerical-militar?); y la represión de posguerra, acompañada de recatolización, autarquía económica y aislamiento del exterior.

El interés no decae, sino que aumenta, a medida que el relato se acerca a nuestros días. Porque pasa a los cambios de los años cincuenta (no sólo los sesenta) y la aparición de una nueva generación que no había vivido la Guerra y decidió superarla, para lo que empezó por redefinirla como lucha fratricida. Surgieron así los primeros conflictos políticos con los que se enfrentó el régimen, desde el 56 al 62, y los movimientos estudiantiles o vecinales de los sesenta, producto también del desarrollo más que de la miseria. Juliá discute a partir de ahí los proyectos de apertura o reforma del régimen, manteniendo que su intención última era perpetuar el sistema y no, como han pretendido luego sus protagonistas, establecer una democracia. Analiza las propuestas de los grupos de la oposición, del exilio e interior, y su evolución desde una inicial exigencia de restablecimiento de la legalidad republicana hasta una transición (término cuyo origen remonta a la Guerra) basada en un restablecimiento de libertades democráticas y una convocatoria electoral con fines constituyentes.

El análisis de la Transición cubre tanto los pactos entre élites políticas como las movilizaciones que hicieron imparable el proceso. Pues no era una sociedad despolitizada, sino muy viva, como demuestran grupos, cenas, reuniones, asambleas, juntas, huelgas, protestas universitarias, acción vecinal, juicios ante el TOP, manifiestos, atentados, cargas policiales o crisis de Gobierno. A todo ello, el régimen respondió con las tímidas promesas y el fracaso final de Arias Navarro, que unió a la oposición. Llegó entonces la oportunidad para aquel ex secretario general del Movimiento con quien nadie contaba y que resultó más listo de lo esperado. Este negoció, primero entre los bastidores del régimen, donde consiguió vender su Ley de Reforma Política, y luego con la oposición. Al ver el proceso imparable, el búnker respondió con las muertes de los primeros meses del 77. Y solo logró acelerarlo, pues el entierro de los laboralistas de Atocha llevó a la audaz legalización del PCE, que hizo posibles las elecciones. Tras ellas, los pactos se sucedieron: una amnistía, propuesta y defendida por la izquierda; unos Pactos de la Moncloa que permitieron embridar la economía; unas autonomías; y una Constitución.

Pactos, muchos, pero no "de silencio", otro tópico que Juliá rebate. Hubo amnistía, pero precisamente porque se recordaba demasiado bien aquel pasado sucio y se decidió "echarlo al olvido", no utilizarlo políticamente, aceptando la responsabilidad de todos. Sobre Guerra Civil y franquismo hubo, a lo largo de aquellos años, libros académicos y de divulgación, memorias, artículos, coloquios, películas, novelas, exposiciones; hubo exhumaciones de fosas, difundidas en revistas de gran tirada. Y ahora, sin embargo, hay autores que proclaman ser los primeros en hablar de estos temas, que eran desconocidos para los españoles porque estaba prohibido investigar o publicar sobre ellos. Al revés. Todos los recordaban, se referían a ellos sin parar. Pero como modelo negativo.

En fin, un libro inteligente y polémico, a cargo del mejor conocedor del siglo XX español. Y una propuesta, además, sensata y constructiva, que puede ayudar a dar legitimidad y consolidar la democracia actual. Se comprende que haya recibido tantos y tan iracundos ataques, por parte de unos y otros; de todos los que no aceptan la complejidad del pasado y siguen empeñados en relatos maniqueos, en películas de buenos y malos. Santos Juliá demuestra tener no solo profesionalidad, inteligencia y capacidad de matización, sino también un gran valor cívico.

José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.

dimarts, 17 d’agost del 2010

EE UU y la Transición según Charles Powell

El rey Juan Carlos, en Washington ante el Congreso de los Estados Unidos
EFE | 30-05-2010

El rey Juan Carlos, en Washington durante un momento de su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos el 2 de junio de 1976.


España pasó de la dictadura a la democracia en plena guerra fría, lo cual condicionó la tibia actitud de Estados Unidos, preocupado por mantener el acceso a las bases militares y alejar a los comunistas de toda esfera de influencia.

Extracto de un texto de Charles Powell


EL PAÍS DOMINGO - 30-05-2010

Washington había convivido muy cómodamente con el régimen franquista desde el inicio de la guerra fría, y éste se había mostrado notablemente acomodaticio a la hora de negociar los acuerdos sobre las bases de 1953, posteriormente renovados en 1963 y 1970. Teniendo en cuenta que la impopularidad de las bases norteamericanas había ido en aumento desde el accidente nuclear de Palomares de 1966, todo hacía suponer que, en un contexto democrático en el que estuviese garantizada la libertad de expresión, este rechazo alcanzaría niveles aún mayores. En principio, pues, existían motivos para temer que la llegada de la democracia permitiese cuestionar los acuerdos firmados bajo el franquismo y, por tanto, a priori carecía de sentido que Washington trabajara para socavar sus propios intereses estratégicos.

Sin embargo, con el paso de no mucho tiempo los estrategas de Washington introdujeron tres reflexiones que modificaron considerablemente este análisis.

Por un lado, a raíz de la guerra del Yom Kipur de octubre de 1973, el Gobierno español manifestó públicamente su oposición a que las bases españolas fuesen utilizadas por Estados Unidos para abastecer a Israel. Esta actitud española les hizo comprender que si incluso un régimen autoritario como el franquista tenía que tener en cuenta el sentir de la opinión pública -amén de la presión ejercida por los Estados árabes-, uno democrático seguramente se vería impelido a mostrarse aún más exigente en la defensa de la soberanía nacional.

En segundo lugar, en cuestión de horas y sin apenas resistencia, la revolución de los claveles de abril de 1974 dio al traste con la dictadura más longeva del continente europeo e hizo posible que, por vez primera en la historia de la OTAN, uno de sus Estados miembros tuviese un Gobierno con participación comunista. Este acontecimiento suscitó varias reacciones contrapuestas en Washington, no siempre compatibles entre sí. Kissinger interpretó que Portugal debía ser excluido de la OTAN, o al menos apartado de forma temporal, tanto para evitar que contaminase a otros Gobiernos europeos como para transmitir un mensaje nítido de condena por haber osado cuestionar una regla de oro no escrita del bloque occidental. A su vez, ello hizo que pensara seriamente en la posibilidad de que España ocupara su lugar, fortaleciendo así el flanco sur de la OTAN, que se vería debilitado todavía más por el conflicto chipriota. Al mismo tiempo, la caída de la dictadura portuguesa fue interpretada en el Departamento de Estado como evidencia de que el inmovilismo resultaba a todas luces contraproducente y que era más inteligente propugnar una cierta liberalización del sistema si se quería evitar un derrumbe comparable del régimen español.

La tercera reflexión se refiere a la relación entre la naturaleza no democrática del régimen y la promoción de los intereses estadounidenses en la región a medio y largo plazo. A corto plazo, es indudable que la prioridad norteamericana no fue otra que garantizar por todos los medios la continuidad del acceso de sus fuerzas armadas a las bases situadas en España.

(...) Tras la visita de Ford a Madrid en mayo de 1975, Kissinger había pedido a Stabler que le enviase un análisis pormenorizado de los principales grupos y personalidades antifranquistas. A pesar de la calidad de la información proporcionada, el secretario no siempre supo aprovecharla, y en septiembre reconocería ante un grupo de ministros de Asuntos Exteriores europeos que "deberíamos establecer contacto con los grupos que pensamos pueden ser importantes para el futuro político de España", pero se lamentaría de que "tenemos dificultades para averiguar con quién merece la pena hablar".

Stabler hizo lo que pudo por mantener informado a su superior y no tardó en establecer contacto personal con los más destacados dirigentes de la oposición, entre ellos Joaquín Ruiz-Giménez, José María Gil Robles y Felipe González. En cambio, no tuvo relación directa con Tierno Galván, debido a la presencia del PSP en la Junta Democrática, que la embajada consideraba una mera fachada del PCE.

La Embajada estadounidense prestó especial atención a la evolución del PSOE y sus dirigentes. En octubre, González informó a Stabler de que, tras la muerte de Franco, su partido, al igual que el resto de la oposición, concedería a don Juan Carlos un cierto margen de maniobra, aunque, en su opinión, el príncipe "no conocía bien la España actual". A pesar de mostrarse partidario de una ruptura total con el pasado, el joven dirigente socialista opinaba que la exigencia comunista de un Gobierno provisional representativo de la oposición democrática era "una locura inviable" y reconocía que lo más probable era que el futuro rey intentase liderar un proceso reformista, para lo cual podría situar en la presidencia del Gobierno a un militar liberal, como Manuel Gutiérrez Mellado. Del éxito de dicha operación dependería en buena medida su posibilidad de permanecer en el trono, aunque en aquellos momentos le parecía inevitable una consulta popular sobre la monarquía. González también sostuvo que la exclusión del PCE del proceso democratizador sólo serviría para perjudicar al PSOE, argumento que no pareció convencer al embajador, aunque éste admitiese que, tal y como vaticinaba su interlocutor, en unas elecciones democráticas los socialistas podrían obtener el 30% de los votos, y los comunistas, solamente el 10%. En cambio, Stabler tuvo que reconocer que González acertaba al afirmar que Estados Unidos debía hacer más por disipar las dudas existentes entre la opinión pública española sobre su apoyo a un verdadero proceso democratizador, que atribuyó al hecho incómodo de que "nuestros intereses nos obligan a tratar con los Gobiernos tal y como son, y no como nos gustaría que fuesen". Por aquel entonces, la Embajada comenzaría a organizar estancias en Estados Unidos a dirigentes del PSOE y UGT, como Pablo Castellano y Manuel del Valle, para que pudiesen entrevistarse con personalidades políticas y sindicales norteamericanas. A pesar de ello, el establecimiento de cauces de comunicación con la Embajada avanzó con cierta parsimonia, y González no visitaría Washington hasta noviembre de 1977.

A pesar de considerar al PCE la fuerza política mejor organizada del campo antifranquista, la Administración Ford se negó sistemáticamente a relacionarse con sus dirigentes de cierto nivel, ni en España ni en el extranjero. Dado que el partido comunista no podía personarse en Estados Unidos como tal, tuvo que hacerlo indirectamente a través de la Junta Democrática, algunos de cuyos dirigentes se presentaron ante la opinión pública norteamericana en una reunión celebrada en el Capitolio en junio de 1975, que contó con la presencia de media docena de congresistas, de escaso peso político.

(...) Horas antes de que el Rey llegara a la Casa Blanca la mañana del 2 de junio, en el Despacho Oval se produjo un breve pero revelador intercambio entre Ford y Kissinger. Tras afirmar con su desparpajo habitual que los Borbones "habían jodido las cosas (screwed things up) durante trescientos años", éste intentó explicarle la complejidad del contexto institucional español: "El ministro de Asuntos Exteriores ve al Rey como un monarca constitucional", pero "el Rey se ve a sí mismo como Giscard"; por ello, era aconsejable "tratar al Rey como si tuviese autoridad, aunque eso ponga nervioso al ministro de Asuntos Exteriores". A continuación, Kissinger resumió muy telegráficamente la situación para beneficio del presidente: "Todo el mundo está presionando a España para que avance rápido. España ha fluctuado entre el autoritarismo y la anarquía. Carece de tradición democrática. Necesitan tiempo para desarrollar el centro". En vista de todo ello, "yo le sugeriría que avance lo suficientemente rápido como para dar respuesta a la presión, pero no tan rápido que pierda el control".

En la entrevista celebrada poco después, de casi una hora de duración, el Rey reconocería que en el tiempo transcurrido desde su proclamación se habían producido momentos difíciles, sobre todo en febrero, aunque lo peor parecía haber pasado. Don Juan Carlos se mostró ligeramente impaciente con Arias Navarro, afirmando que "las cosas podrían haber ido un poco más deprisa", aunque reconocería que "se están moviendo", y se manifestó especialmente satisfecho de no haber repetido el error cometido por su abuelo Alfonso XIII en 1931, al convocar elecciones municipales antes que nacionales, lo cual había dificultado la aparición de grandes partidos políticos. En aquellos momentos, el Gobierno español pretendía celebrar elecciones generales en el otoño de 1976 y elecciones municipales en la primavera de 1977. (...) El momento culminante de la visita real fue sin duda el discurso pronunciado por don Juan Carlos a última hora de esa mañana ante el Congreso de Estados Unidos. En un inglés muy correcto, el Rey (...) subrayó que "la monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados", compromiso que fue recibido con una cerrada ovación. A su regreso a España, el Monarca se mostraría encantando con la calurosa recepción de la que había sido objeto, observando con evidente satisfacción que su discurso incluso había merecido un editorial elogioso en The New York Times.

(...) Se ha especulado mucho sobre las consecuencias de este viaje sobre el desarrollo posterior de la vida política española. En la única conversación que mantuvieron a solas, a petición del propio Monarca, don Juan Carlos mencionó a Kissinger su intención de destituir a Arias Navarro, algo que en aquellos momentos todavía no le parecía posible, pero sin revelar la identidad de su posible sucesor. Vista la actitud del secretario a lo largo de aquellos meses, es improbable que le animara a deshacerse del presidente, sobre todo si ello pudiese interpretarse como una concesión a quienes deseaban acelerar el ritmo de las reformas. Además, Kissinger tampoco tenía especiales motivos para recomendar a ninguno de los políticos españoles que había conocido hasta entonces. Si, como afirmaba el informe de Kissinger antes mencionado, la visita se había concebido para "reforzar la autoconfianza del Rey y acrecentar su determinación", la operación resultó un éxito rotundo.

(...) Sorprendentemente, la nueva Administración demócrata se mostraría inicialmente bastante fría en su actitud hacia el Gobierno Suárez. Cuando se realizaron las primeras gestiones para que el presidente del Gobierno español fuese recibido en la Casa Blanca a fin de fortalecer su imagen ante las primeras elecciones democráticas previstas para junio de 1977, en un primer momento el Departamento de Estado mostró poco interés. Es posible que ello se debiera en parte a la actitud reticente de Stabler, a quien no le parecía correcto utilizar el viaje a Washington con fines electorales, y cuyos argumentos parecen haber hecho mella en el secretario de Estado adjunto, Warren Christopher. Ello obligó al Rey a enviar a Washington a su emisario personal, Prado y Colón de Carvajal, que se entrevistó con Vance, tras lo cual la Administración cambió de parecer. Sin embargo, y para asombro del embajador, sus superiores sólo querían concederle a Suárez una entrevista de media hora, por lo que insistió en que, una vez tomada la decisión de realizar la visita, al menos se le invitara a comer. La Casa Blanca accedió inicialmente a esta petición, pero rectificó poco después cuando supo que el mandatario español no hablaba inglés. Finalmente, Suárez y Carter pudieron reunirse el 29 de abril de 1977 durante algo más de una hora, pero el encuentro no contribuyó gran cosa a sentar las bases de una relación fluida. Stabler lamentaría años después que el presidente español se hubiera marchado de Washington "un poco irritado", y el desarrollo del viaje le llevó a concluir que "si habíamos tomado la postura de apoyar a la democracia española, tendríamos que haber actuado en consecuencia para que los actores concernidos pensaran que realmente tenían nuestro apoyo".

Lógicamente, la reciente legalización del PCE -el sábado 9 de abril de 1977- fue uno de los temas suscitados por Suárez en la entrevista con Carter. Suárez explicó que, tras muchas dudas, se había llegado a la conclusión de que la exclusión de los comunistas habría puesto en duda la legitimidad de la consulta electoral, y que en todo caso las encuestas vaticinaban al PCE un resultado bastante modesto. Por otro lado, a pesar de haber provocado la dimisión del ministro de la Marina, Gabriel Pita da Veiga, la reacción posterior de las Fuerzas Armadas había demostrado que era un riesgo asumible. Por su parte, Carter y su equipo manifestaron su admiración por la valentía y decisión mostrada por el dirigente español, y su satisfacción por la inminente convocatoria de elecciones generales, comentario que Suárez aprovechó para anunciarles que tenía previsto presentarse como candidato independiente en las listas de Unión de Centro Democrático